Dos días después de su posesión como vicepresidente, Angelino Garzón sufrió un infarto, que puso a pensar a más de uno en si podría tomar las riendas de la defensa de los derechos humanos.
Se recuperó y en menos de un mes ha sostenido reuniones diarias con organizaciones internacionales, sindicatos, empresarios y representantes de distintos sectores del Estado, con el fin de diseñar una política integral de derechos humanos.
Garzón insiste en que "tiene que crearse un proceso de restitución de tierras a la población campesina que fue despojada violenta y fraudulentamente".
Por eso le preocupan situaciones como la muerte de Hernando Pérez, el campesino que fue asesinado en Necoclí, el pasado 19 de septiembre, luego de recibir el título de propiedad de sus tierras, de las cuales había sido despojado.
A su juicio, ese fue un mensaje de los que no quieren que en Colombia se apruebe una ley de restitución de tierras. "No vamos a retroceder ni un milímetro, que no vamos a dar marcha atrás. Pueden venir nuevos hechos de provocación, dolorosos; lo importante es no salirnos de la ruta y mantenernos en esa línea de conducta".
¿Cómo ve los proyectos de ley de Tierras y de Víctimas?
"Diría que es imposible hablar de una política integral (de derechos humanos) si al mismo tiempo no desarrollamos un proceso de reparar a las víctimas de la violencia y de restitución de las tierras, porque nos colocaría en una situación crítica.
Si no hacemos ese proceso de reparación a las víctimas, sino que hacemos (sólo) el de tierras, el Estado estaría dando el mensaje de que es insolidario frente a las víctimas de la violencia y benigno con los victimarios.
Para nosotros lo fundamental es que el Estado sea mucho más humano, más solidario y sensible frente a las víctimas y mucho más duro frente a los victimarios".
¿Cómo explicarles a los colombianos que el proceso de reparación no va a ser tan rápido?
"Estamos haciendo todo lo posible para que tanto la ley de restitución de tierras como la de reparación a las víctimas -que están relacionadas porque parte de la reparación a las víctimas se hace con tierras- se aprueben este año. Para nosotros es una decisión irreversible; sabemos que no es una batalla fácil, sabemos que vamos a tocar muchos intereses.
¿A quiénes les van a tocar esos intereses y hasta dónde llegará el Gobierno en ese sentido?
"A todos los que se opongan a que en Colombia haya una ley de reparación de las víctimas y de restitución de tierras tocaremos sus intereses, porque esto hace parte de una política integral de respeto a los derechos humanos y a las normas internacionales, y creemos que la construcción de un Estado moderno con unas instituciones sólidas, pasa necesariamente por una política de respeto a estos derechos".
¿Le preocupa al Gobierno que esos actores también tengan intereses en el Congreso?
"Somos optimistas frente a las dinámicas del Congreso. En las reuniones que se han hecho con distintas bancadas hemos sentido que hay una gran voluntad para sacar adelante estas dos leyes. Somos optimistas en que el Congreso le va a cumplir al Gobierno y a la sociedad colombiana con la aprobación de estas dos leyes.
Después de aprobadas vendría la parte más difícil, que es lograr su aplicación. ¿Qué se necesita?
"En el proceso de reparación hay prioridades en la población de víctimas pero queremos un modelo exitoso y buscamos un acompañamiento de la comunidad internacional, porque de cada diez procesos de reparación a víctimas que se han creado en el mundo, nueve han fracasado.
(...) Se necesita presencia social del Estado, militar y policial, porque hay muchos enemigos de estos procesos. Se necesita acompañamiento en materia de créditos, que el campesino al que se le devuelva la tierra para que pueda aprovecharla al máximo para su producción".
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