La semana pasada, LA FM dio a conocer una investigación sobre las ausencias repetidas y sistemáticas de los congresistas a las sesiones, y las excusas médicas de dudosa procedencia que utilizaban para justificarse. El informe nos presentó desde once ausencias por parte de una congresista en menos de seis meses, hasta la extraña figura de las "licencias no remuneradas pagas" que se dan en el Congreso.
Pero estas muestras de irresponsabilidad desde el Legislativo son claramente incentivadas desde el Ejecutivo. Hace no tanto tiempo -aunque en el imparable ritmo de la atención pública parezca una eternidad- el presidente Juan Manuel Santos decidió decretar una prima de compensación a unos 2.000 funcionarios de mediano y alto nivel, que compensaba unos ocho millones de pesos que un fallo de la Corte Constitucional les había quitado. Los congresistas, por ejemplo, volvieron a ganarse los 24"054.000 pesos mensuales (sin contar los auxilios y otros beneficios) a los que estaban tan bien acostumbrados.
Incluso si ignoráramos el, por lo menos dudoso, trabajo de muchos de nuestros congresistas, la suma de su salario nos da muchas pistas sobre nuestros mayores problemas sociales. Esos 24 millones de pesos mensuales son aproximadamente 42,3 veces el salario mínimo mensual en Colombia. Ahora bien, esta proporción -desigualdad le dirían en lugares serios- no es común a nivel internacional. En Estados Unidos, un congresista se gana 10 veces el salario mínimo de su país, mientras que en Gran Bretaña un miembro de la Cámara de los Comunes se gana solo 5 veces el mínimo. En Ecuador, la proporción es la mitad de la colombiana: sus parlamentarios se ganan 20 veces el salario mínimo que es, por otro lado, muy similar al nuestro.
En el fondo, el problema es asumir los cargos de elección pública como un privilegio y no como una responsabilidad, que el carro blindado valga más que el elector; asumir que el voto es, al final, una validación de los excesos, una libreta de excusas inagotable para defender únicamente los intereses personales. La irresponsabilidad es el peor de los defectos que pueden tener los líderes políticos, saberse por encima de todos los demás, sin control, sin razones, y libres para hacer y deshacer, en tanto el esfuerzo les reporte un beneficio individual.
La inclinación de los gobiernos colombianos -todos, de eso pocos se salvan- a constituir su legitimidad política sobre las viejas redes clientelistas, tampoco ayuda. Es difícil combatir una "tradición" perversa como esa, pero es una lástima que nuestros políticos se aguanten con tanto esfuerzo las ganas de empezar a hacerlo.
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