Los grandes retos económicos y sociales del próximo gobierno coinciden con aquellas áreas en que la administración del presidente Uribe deja balances más pobres.
El empleo es probablemente el campo en que quedan mayores lunares. Se desperdiciaron los años de vacas gordas (2002-2008) para hacer crecer acompasadamente PIB y empleo. Se creció relativamente bien, pero dentro de un contexto de degradación del mercado del trabajo.
La próxima administración deberá tener como primera prioridad recuperar índices de empleo por debajo de dos dígitos. Y en cuanto a la informalidad -que es apabullante- deberá dársele énfasis a encontrar (para utilizar la terminología que utiliza ahora la OIT) un clima de "empleo decente".
El nuevo gobierno recibirá un contingente, entre desempleados abiertos y empleados precarios o en el rebusque, de cerca del 50% de la población en edad de trabajar.
La segunda prioridad de la nueva administración tendrá que ver con otros aspectos apremiantes de la realidad social que en vez de haber mejorado durante los últimos ocho años se han deteriorado. Según los propios datos que divulgó Planeación Nacional, desde 2002 la distribución del ingreso en Colombia no solo no ha mejorado sino que se ha concentrado aún más.
Declare constitucional o no la Corte Constitucional la emergencia social que se decretó a finales del 2009, otra prioridad del nuevo gobierno consistirá en recomponer el sistema de salud pública que se dejó deteriorar a niveles pasmosos durante los últimos años.
La situación fiscal que recibe el nuevo gobierno es también inquietante. El déficit del gobierno central estará rondando el 5% del PIB para agosto del 2010. Y los nubarrones que quedan hacia adelante son inmensos. Acá, también, se desperdiciaron los buenos vientos que soplaron tanto en la economía doméstica como en la internacional para poner orden en las finanzas públicas del gobierno central.
La tendencia frenética a otorgar privilegios tributarios de todos los pelambres a los contribuyentes de mayor capacidad de pago, en demérito de la sostenibilidad fiscal y de la equidad tributaria (como lo demuestra un contundente estudio reciente de los investigadores Arturo Galindo y Marcela Meléndez), hace inexorable para el nuevo gobierno pensar en una reforma tributaria integral que recupere, no solo mayores equilibrios entre recaudos y gastos, sino también una mayor equidad dentro del sistema fiscal.
En infraestructura el balance es también magro, y el nuevo gobierno tendrá que reorientar esta política en la dirección de hacer menos anuncios y más obras. Seguimos siendo uno de los países más atrasados de América Latina en los indicadores de infraestructura, sobre todo en el campo vial.
Y en política comercial internacional -donde se han hecho cosas interesantes últimamente, hay que reconocerlo- le quedará al próximo gobierno el reto de lograr la ratificación del TLC con Estados Unidos. La administración Uribe en un comienzo consideró que bastaba la amistad del presidente Bush y el tener entrada en la Casa Blanca para lograr el TLC. No fue así. En el primer cuatrienio Uribe no se hizo una diplomacia bipartidista en Estados Unidos sino solo republicana. Fue un costoso error que, cuando se quiso enmendar, fue demasiado tarde.
Mencionemos, por último, que la normalización de las relaciones económicas y comerciales con Venezuela será otra prioridad impostergable del nuevo gobierno. Éste deberá encontrar una manera para que se ventilen con dignidad los diferendos políticos con el vecino país sin contaminar lo económico y lo comercial. Será un reto gigantesco para la diplomacia colombiana. Pero hay que afrontarlo.
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