El Gobierno y los transportadores comienzan hoy las mesas de trabajo para conocer, discutir y hacer los correctivos al nuevo esquema de regulación del transporte de carga.
Luis Orlando Ramírez Valencia, secretario General del Consejo Gremial Nacional de Carga, dijo que se aprovechará este mes para identificar el modelo de relaciones económicas adecuado, para el beneficio de los actores de la cadena, que involucra a empresas de transporte de carga, generadores y propietarios de los vehículos.
El Ministerio de Transporte insistirá en que con el nuevo sistema se busca establecer precios más justos para la movilización de carga en el país, así como ejercer mayor vigilancia a las empresas que prestan servicios de transporte de carga dentro del territorio nacional.
Por su parte, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) no echó para atrás la convocatoria de paralizar las actividades y reiteró que si hoy no hay acuerdo entre el Ministerio de Transporte y este grupo de transportadores, se podría llegar a inmovilizar 180.000 camiones, desde mañana.
Interés por el diálogo
El Consejo Gremial Nacional de Carga (integrado por Asecarga, ATC, Defencarga, Fedetranscol, Alianza Vallecaucana y Acpmt) le planteará al ministro de Transporte, Germán Cardona Gutiérrez, que "si no hay una tabla de fletes, el modelo adecuado se ajuste a una tabla de costos operativos, que sea concertada con los gremios de la producción y los propietarios de los vehículos y que el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) la ajuste trimestralmente".
Según Ramírez, ese mecanismo permitiría conocer el costo por kilómetro de cada una de las configuraciones de automotores que tiene Colombia. Otra de las solicitudes al ministro es que no responsabilice a los transportadores del aumento del costo de la canasta familiar, ni del atraso de la competitividad del país.
La propuesta oficial
Para el Gobierno, el esquema de libertad vigilada con el que se calcularían los costos del transporte de carga por carretera permitiría que el mercado determine libremente las relaciones económicas entre el generador de la carga, la empresa de transporte y el propietario del vehículo, es decir, eliminar el precio mínimo por la movilización de carga.
El sistema compromete al Ministerio de Transporte a vigilar que se paguen precios justos por la movilización de carga, es decir, que se ajusten a una estructura de costos calculada técnicamente,
También a que haya una activa vigilancia por parte de la Superintendencia de Puertos y Transporte para que las condiciones libremente pactadas para la movilización de la carga efectivamente se cumplan, en particular las relacionadas con el precio.
El Ejecutivo igualmente considera que la fórmula propuesta corregiría las deficiencias del actual sistema de medición que impide reconocer las mejoras en eficiencia por el transporte de mercancías. Es decir, como los fletes no pueden bajar, los transportadores pierden los incentivos para reducir costos, de manera que el precio final al consumidor tampoco baja.
Por ello, al decir del Gobierno, se reduce la competitividad del país en el exterior y se reduce la posibilidad de generar más empleo en dicho sector.
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