Una tutela del Consejo Superior de la Judicatura asegura un nuevo, pero más fuerte, enfrentamiento con la Corte Suprema de Justicia; esta vez por revocar una condena impuesta por la Sala Penal de esta última Corte en contra de la ex representante a la Cámara por el Guainía, Sandra Arabella Velásquez.
La congresista fue condenada a mediados de junio pasado por la Corte Suprema a seis años y seis meses de prisión por el delito de falsedad ideológica en documento público, agravada por el uso y cometido en concurso homogéneo.
Pero la polémica no se queda sólo en la orden de libertad pretendida por Velásquez, y decretada por encima de la orden de la Corte Suprema; sino que va más allá, pues en el pronunciamiento la Judicatura emite duras críticas por la manera como éste tribunal procedió en este caso en particular.
La condena de la Corte
El pasado 18 de junio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años y 6 meses de prisión e inhabilidad para ejercer cargos públicos a la representante Arabella Velásquez Salcedo.
La decisión de la Corte Suprema se dio al revisar el proceso que se adelantaba contra la ex congresista, quien fue acusada de utilizar un vuelo de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) para el transporte de cinco toneladas de alimentos para una comunidad indígena de su departamento, en plena época electoral de 2006. De la misma manera, se dijo que ofreció dicho transporte para varios indígenas, siendo una da los ocupantes de la aeronave su hermana.
A pesar de las explicaciones dadas la Corte por Sandra Arabella la Corte consideró que la Red de Solidaridad Social, hoy Agencia Presidencial para la Acción Social, no había dispuesto un avión de la FAC para ninguna donación de alimentos en beneficio del municipio de Inírida.
En su momento la Sala Penal calificó el hecho de profunda gravedad, tras señalar que los documentos públicos que propiciaron el engaño a la FAC fueron absolutamente falsos.
