El Departamento del Tesoro levantó el jueves las sanciones económicas que había impuesto a 308 personas y entidades supuestamente vinculadas con el cartel de Cali.
La cancelación de la medida contra los afectados es la mayor de su tipo en la historia del programa de sanciones del Departamento del Tesoro.
Las sanciones económicas fueron impuestas a 78 individuos y 230 entidades, ubicadas principalmente en Colombia, de acuerdo con una orden ejecutiva dirigida contra narcotraficantes en ese país.
Todos los afectados tenían supuestamente vínculos con la organización que dirigían los jefes del cartel de Cali, los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela.
Las sanciones continúan vigentes contra ambos hermanos que purgan sentencias de 30 años de cárcel en Estados Unidos.
"La constante presión económica contra el cartel de Cali -en su momento la organización narcotraficante más poderosa del mundo- resultó de la estrecha coordinación entre las múltiples agencias policiales de Estados Unidos y nuestras contrapartes en Colombia", dijo Adam Szubin, director de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro.
El levantamiento de la medida muestra la eficacia de las sanciones contra objetivos particulares, lo cual redundó en la destrucción del imperio de negocios de los Rodríguez Orejuela, agregó.
Estados Unidos mantiene el apoyo a las autoridades colombianas ante los preparativos de éstas para finalizar el decomiso de los activos de ambos hermanos, entre estos la cadena de farmacias Drogas La Rebaja.
El Tesoro dijo que ha determinado que las personas y entidades retiradas de la lista de sanciones mostraron que ya no están implicadas en las actividades que les habían acarreado las sanciones.
Con la decisión del jueves, el Departamento del Tesoro ha retirado de su lista de sancionados a 800 personas desde 2012 y más de 1.300 en los últimos siete años.
En 1995, el presidente Bill Clinton había declarado especialmente a ambos hermanos como narcotraficantes. Las autoridades colombianas después les confiscaron todos sus activos, principalmente los relacionados con la cadena de farmacias en Colombia.
En 2006, después de su captura y extradición de Colombia, los hermanos se declararon culpables de los cargos de narcotráfico y lavado de dinero en tribunales federales en Florida y Nueva York.
Además de sus sentencias de prisión, ambos aceptaron un fallo para que se les confiscara 2.100 millones de dólares a sus activos mundiales vinculados con el tráfico de narcóticos.
En relación con las declaraciones de aceptación de culpabilidad de los hermanos, 28 de sus parientes a los que se había señalado como traficantes de narcóticos alcanzaron en septiembre de 2006 un acuerdo con las autoridades federales de justicia y del tesoro de Estados Unidos.
Como parte de este acuerdo, miembros de la familia fueron obligados a romper sus vínculos con el tráfico de narcóticos, identificar propiedad financiada con recursos del narcotráfico y entregar esos activos al gobierno colombiano. Aquéllos que ocultaron activos fueron enjuiciados en Colombia.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
