Al dejar sin peso la medida que hubiera podido tomar la Sección Quinta, la Sala Plena del Consejo de Estado será la que defina la continuidad o no del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado.
Acoge así la propuesta del magistrado Marco Antonio Velilla de llevar hasta allí la discusión de la ponencia que anula la reelección del jefe del Ministerio Público.
El caso lo estaba analizando la Sección Quinta, encargada de asuntos electorales.
Sin embargo, los magistrados decidieron, con 16 votos a favor y cinco en contra, que será la Sala Plena la que tendrá la última palabra.
La decisión se tomó luego de cinco horas de discusión en la que, al final, salieron los magistrados Alberto Yepes y Lucy Jeanette Bermúdez, recusados por la defensa del procurador Ordóñez.
Hasta el momento, se tendrían que declarar impedidos seis de los 24 magistrados porque tienen familiares en la Procuraduría, por lo cual no podrían conocer el asunto.
Entre ellos está la presidenta de la corporación, María Claudia Rojas quien desde ayer hizo público su impedimento, porque su hijo trabaja en el órgano de control desde el 2011.
Tampoco participaron en la votación los magistrados Stella Conto Díaz y Gustavo Gómez Aranguren.
Se espera que presenten impedimentos el magistrado Gómez, cuya hija trabaja en la entidad; así como el magistrado Enrique Gil Botero, ya que la esposa de un hermano, Liliana Samper, trabaja en la Procuraduría delegada para Asuntos Ambientales.
El magistrado Hernán Andrade tiene a una sobrina, Juliana Valenci a, desde 2010 como asesora en la entidad; y la magistrada María Elizabeth García tiene una hermana, Olga Lucia García, en la Procuraduría delegada para Restitución de Tierras.
La magistrada Bertha Lucía Ramírez tiene a su hijo, Andrés Páez Ramírez, desde 2007 en la entidad.
Ahora bien, antes de entrar a discutir el caso, los magistrados deberán resolver la recusación que presentó la defensa de Ordóñez, contra Yepes y Bermúdez.
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