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Sistema oral agrava lentitud de la Justicia en Antioquia

Los problemas en el sistema penal podrían repetirse en el administrativo.

30 de abril de 2012
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Faltan tres meses para el inicio del sistema oral en estrados administrativos de la región y ni siquiera hay un salón adaptado para tal fin.

La situación tiene preocupado al magistrado Rafael Darío Restrepo Quijano , presidente del Tribunal Administrativo de Antioquia, quien dice: "no estamos preparados para ese reto".

Este es uno de los tribunales más congestionados del país, a su juicio, pues entre otras cosas debe dirimir los conflictos entre el Estado y los particulares, además de las tutelas.

"Cada magistrado tiene en promedio 400 procesos pendientes para emitir el fallo, pero también hay que resolver las tutelas que vayan llegando en un plazo máximo de 20 días; Acción Social le genera a cada magistrado 40 o 50 tutelas mensuales", indica Retrepo.

Para él, la falta de preparación para la llegada del sistema oral radica en estos líos: 1. No se han construido las salas de audiencias; 2. No han capacitado a los jueces ni empleados en ese cambio de la cultura escrita a la oral; 3. No hay medios tecnológicos para grabar las audiencias ni hacer las notificaciones; 4. La nueva carga laboral deben hacerla magistrados distintos, pues los actuales no pueden trabajar casos del sistema tradicional y del nuevo al mismo tiempo.

La inquietud sale a relucir en medio del debate sobre la eficacia del sistema penal oral acusatorio (SPOA), que rige desde 2005.

La Corporación Excelencia en la Justicia publicó un balance sobre el funcionamiento del SPOA, con corte a 2011, concluyendo que está en "alerta roja" y al borde del colapso, en gran parte por la congestión de procesos en la Fiscalía, el hacinamiento carcelario y otras falencias.

"Todavía es muy pronto para darle partida de defunción al sistema", opina Miguel Humberto Jaime Contreras , magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín.

Sin embargo, advierte que una de las grandes debilidades está en la investigación, tanto de acusadores como defensores, a quienes les faltan recursos, personal y capacitación.

Agrega que para una mayor efectividad, sería importante que el legislador facilite con sus leyes las negociaciones entre las partes, que ayuden a concluir un proceso más rápido, con preacuerdos y principios de oportunidad, "pero siempre de forma balanceada con la justicia".

Según el Centro de Servicios Judiciales de Medellín, desde que entró en vigencia el SPOA en la ciudad (1 de enero de 2006), se han radicado 46.133 solicitudes de acusación con fines de juicio o sentencia por allanamiento y preclusión.

De esas, los 33 Juzgados de Conocimiento (municipales y del circuito) han emitido 32.883 sentencias y 11.779 autos de preclusión, y aprobado 12 principios de oportunidad.

A la fecha, están pendientes de fallo 1.471 expedientes.

Esto indica que en la capital paisa la congestión no parece estar en los estrados penales, sino en la parte investigativa de la cadena. "El sistema no ha colapsado, pero se necesitan más jueces, más fiscales y más policías judiciales", expresa Mónica Quintero Tabares , juez coordinadora del Centro de Servicios.

Un fiscal de la Unidad de Vida comenta que tiene 500 expedientes para investigar represados desde 2009.

Sobre las debilidades del SPOA, dice la burocracia es mayor. "Hay que pedir permiso para todo: allanamientos, seguimientos, y uno depende del tiempo del juez; en el sistema antiguo (ley 600), el fiscal era autónomo para eso".

Un suboficial de la Sijín (Policía Judicial), acota que tantas carpetas represadas en la Fiscalía dificultan la lucha contra el crimen. "Sabíamos que había armas en una casa, pedimos la orden de allanamiento, pero se demoró 20 días porque el fiscal tenía demasiados casos; esas armas las mueven cada tres días, perdimos el año".

Al respecto, el fiscal general, Eduardo Montealegre , declaró: "No vamos a retroceder en la implementación del sistema acusatorio, pero recibiremos con beneplácito las críticas constructivas".

Problemas como estos podrían repetirse en los juzgados administrativos y el Consejo de Estado presentó un proyecto para aplazar el inicio de la oralidad, previsto para el 2 de julio, según el juez Restrepo.

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