La justicia atraviesa un período histórico, particularmente grave y vulnerable, por lo que su recuperación es un factor indispensable para que un proceso de paz se desarrolle en una sociedad en postconflicto.
Se necesitan jueces honestos, con experiencia y conocimiento, dignos para ejercer su sagrada función. Para ello, es necesario enfrentar las causas conceptuales, personales e institucionales que se encuentran al origen de los graves problemas que afectan una función esencial para la convivencia social.
Para solucionar esta delicada situación, el país no puede volver sobre reformas parciales y adjetivas, sino que es necesario asumir una profunda reflexión en lo que se denominaría el proceso de restablecimiento judicial, para lo cual es menester abordar como mínimo los siguientes temas y escenarios:
1. Reflexionar sobre el esquema conceptual y epistemológico que ha de servir de marco para la estructura y programación de los estudios de derecho. No se trata de afectar la autonomía universitaria, ni de imponer parámetros ideológicos indiscutibles, sino de lograr consensos sobre la clase de abogados que hay que formar para la sociedad que tenemos, en consideración a sus expectativas de convivencia en un momento de postconflicto. Se trata de acordar fundamentos teóricos y líneas de investigación y trabajo sobre lo que debe ser el derecho y sus conceptos fundamentales como la seguridad, la igualdad, la libertad y la dignidad.
2. Asimismo, hay que reconstruir en el tejido social un sistema de valores que permitan absoluta transparencia, lealtad y sinceridad en el quehacer jurídico. Estudiantes, y después jueces, asesores y litigantes deben ser educados para que en cada una de sus actuaciones apliquen principios de pulcritud, respeto y equidad, con el fin de brindar a los individuos y al grupo social un mensaje de firmeza y seguridad institucional y social.
3. Para lograr este espíritu de fortaleza moral es necesario que los futuros jueces de la República, se formen con la convicción de que ser juez es recibir una dignidad, no un simple empleo.
4. La realización institucional de los anteriores postulados de conducta, exige reformas estructurales del siguiente tenor:
a. Revisar los requisitos personales, académicos y profesionales para acceder a los distintos cargos de la judicatura. Supone replantear temas como la edad mínima de acceso, la edad de retiro, los procedimientos de elección y designación.
b. Analizar las funciones de los jueces, especialmente de las Altas Cortes, con el fin de evitar enfrentamientos inútiles que deslegitiman la justicia y crean inseguridad. Hacer que el juez se dedique única y exclusivamente a su sagrada función, excluyéndolo de la política electoral.
c. Revisar la estructura administrativa y el sistema de gestión, las relaciones de jerarquía funcional que se dan en el interior de la rama, los sistemas de control funcional, penal y disciplinario.
No es posible adelantar un proceso de reforma a la justicia hacia una sociedad en postconflicto, sin la participación seria y abierta de la academia y de los sectores particularmente comprometidos con el tema judicial.
*Expresidente del Consejo de Estado, Decano de la Escuela de Derecho de la UPB.
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