¿Cómo es posible que con 156 comparendos vencidos, por más de 45 millones de pesos, un conductor todavía esté trabajando en una buseta de servicio público?
"Lo primero que hay que decir es que las normas no tienen suficientes dientes", confiesa el subsecretario Administrativo del Tránsito de Medellín, Diego Reyes Ramírez. A la misma conclusión llega el subsecretario Legal, Germán Darío Giraldo, quien precisa que la falta de esas leyes imposibilita el accionar de la administración frente a personas como el rey de los comparendos. No obstante, hay avances que se espera ayuden a combatir los elevados niveles de impunidad que refleja el Top 100 de conductores infractores.
El Tránsito ya está facultado para iniciar procesos de jurisdicción coactiva. Eso significa la potestad para recuperar el dinero de las multas mediante embargo, secuestro de bienes y posterior remate a favor del Estado. A Gonzalo, por ejemplo, ya le investigaron los bienes y rentas que posee y está pendiente de una decisión de embargo.
De otro lado, las empresas de transporte y los propietarios de los vehículos ya no pueden hacerse los de la vista gorda. La recién expedida Ley 1383 de 2010 sanciona a las primeras con multas de 100 salarios mínimos mensuales (51,5 millones de pesos) cuando tienen en servicio a conductores con licencia suspendida o cancelada. Tanto la organización como el dueño son solidarios en el pago de las multas por infracciones de tránsito, en los casos en que las mismas sean imputables a ellos. Estas normas no tienen carácter retroactivo, con lo cual el patrón y la cooperativa en la que trabaja Gonzalo están a salvo... por ahora.
Lo otro es que el Gobierno Nacional ya cuenta con una base de datos centralizada, que permite a todas las secretarías de Tránsito conocer las infracciones de los conductores en cualquier lugar del país. El Simit y el Runt ayudan a identificar a los infractores, quienes deben ponerse al día para poder hacer cualquier trámite ante el Tránsito.
El Tránsito de Medellín afirma que no puede calificar a Gonzalo como un peligro para la sociedad, pero sí dice que el no pago de las sanciones y sus reiteradas infracciones, "constituyen un mal ejemplo y una evidencia de lo que resta por hacer en materia pedagógica y cultural".
Dentro de este tipo de acciones está el cobro persuasivo, con un promedio diario de 1.000 llamadas telefónicas a conductores infractores, para recordarles el alivio del 50 por ciento si pagan en los primeros cinco días hábiles.
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