7 de agosto de 2010. Álvaro Uribe asume su tercer mandato tras una votación superior a los 10 millones de votos. Terminado el discurso de posesión, el Presidente radica en la Secretaría General del Congreso cuatro proyectos que fundamentan su nuevo plan de gobierno: tierras, primer empleo, regalías y anticorrupción.
El primero busca restituir 2 millones de hectáreas a las familias del campo que sufrieron despojo durante los últimos 20 años. El segundo busca generar más oportunidades de trabajo para las personas jóvenes y recién graduadas, pues son las que padecen la mayor tasa de desempleo. El tercero tiene como propósito modificar la Constitución para que la distribución de las regalías del petróleo y la minería sea más transparente y justa. El cuarto busca perseguir sin tregua a los corruptos, endureciendo las penas contra quienes roban al erario.
A la semana siguiente los directores de varios partidos convocan una rueda de prensa en la que arremeten contra Uribe, anuncian total oposición a sus proyectos y se comprometen a hacerlo en unidad.
Con respecto a la ley de Tierras argumentan que al invertir la carga de la prueba en los procesos de restitución lo que se busca es favorecer a paras y terratenientes, para que puedan seguir despojando a campesinos. Insisten en que la idea de restituir predios, utilizando el mapa catastral de ocupación y tenencia de 1990, lo único que busca es acabar con resguardos indígenas y territorios colectivos afrocolombianos, para darles más tierra a palmicultores y agroindustriales.
Sobre la ley de primer empleo, los feroces opositores afirman que el proyecto es deleznable porque discrimina en contra de otros grupos vulnerables, especialmente el adulto mayor. Del proyecto de regalías dicen que derrumba el espíritu de descentralización plasmado en la Constitución del 91 y que, por lo tanto, van a convocar una manifestación en la Plaza de Bolívar para rechazar la iniciativa. Finalmente, con respecto a la iniciativa anticorrupción denuncian que no es más que una cortina de humo para tapar las ollas podridas que el segundo mandato de Uribe le dejó al país. Al otro día pululan las opiniones y llamadas en los grandes medios de la capital haciendo eco de estas críticas. Los formadores de opinión exaltan a los valientes opositores por desenmascarar unos proyectos que, como todo lo de Uribe, favorecen a ricos, terratenientes, paras y corruptos. Y, por supuesto, comienzan los debates de control político y mociones de censura en el Congreso contra medio gabinete.
A las pocas semanas Uribe confirma en su cargo al director del DAS (hombre honorable). En cuestión de minutos los directores de los partidos de oposición y todas las ONG de derechos humanos arremeten contra el Presidente por querer perpetuar las técnicas de tortura, interceptación y crueldad de esa agencia. Amnistía Internacional, Justice For Colombia y el Colectivo de Abogados lo denuncian ante la CPI.
Un mes después Uribe designa como embajadores en Italia y Washington a sus exministros de Defensa y como embajador en Perú a un expresidente del gremio ganadero. La crítica arremete una vez más contra lo que consideran un intento del Presidente de encubrir falsos positivos y nexos con los paras utilizando trincheras diplomáticas.
A los quince días Uribe cambia la terna para Fiscal por tres grandes juristas: una experta en constitucional, un exprocurador, y un exconstitucionalista y exministro. Pero ninguno es penalista. Arrecian entonces las críticas porque pareciera que el Presidente estuviese buscando un Fiscal de bolsillo. Todo simplemente porque era Uribe? Y solo iban 100 días de gobierno? Es la historia que no fue? ¿O que sí fue?
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