Fueron dos días en los que el presidente Álvaro Uribe Vélez defendió los decretos de la Emergencia Social, los explicó y reconoció errores en la expedición de otros.
Ante unos 120 invitados, el mandatario con todos sus ministros, reiteró este fin de semana que la salud de los colombianos está garantizada gracias a las decisiones tomadas por el Gobierno.
Y es que en los dos primeros meses de expedición de los 15 decretos de la Emergencia, aún no se ha logrado la unificación de Plan Obligatorio de Salud (POS). Pero sí el criterio de los actores del sistema, que coinciden en que lo mejor que le puede pasar a la salud es que la Corte Constitucional derogue estas medidas.
Durante el Consejo Comunal, que se realizó el sábado y ayer en la mañana, el Jefe de Estado insistió en que se deben derogar aquellos puntos que contemplaban el uso de cesantías para tratamientos y las multas económicas para los médicos.
"Esos puntos marginales que crearon una innecesaria polémica en la reforma a la salud (?), yo creo que eso pudo evitarse. Habríamos evitado esta dañina polémica", dijo el mandatario.
Explicó que gracias a la colaboración de muchas personas cercanas al Gobierno, se evitó que en el futuro estas medidas terminaran siendo un problema para los colombianos.
"La verdad es que de lo que han dicho los compatriotas nos ha quedado la reflexión, de que las cesantías son intocables para algo distinto de vivienda, para algo distinto de educación superior de los hijos", aseguró.
Deberes de los mandatarios
Ante la confusión que han generado las diferentes interpretaciones sobre los decretos, Uribe Vélez optó por enumerar las obligaciones y deberes que implica la reforma para alcaldes y gobernadores.
El Presidente expuso cuatro puntos que deben acatar municipios y departamentos para garantizar la sostenibilidad del sistema de salud y la prestación de servicios.
El primero de ellos es que los ciudadanos podrán escoger libremente su aseguradora. Recalcó que ni el Gobierno, ni municipios, ni departamentos podrán intervenir en esta decisión, medida que comenzará a regir desde el primero de abril próximo.
Como segundo aspecto, el primer mandatario expuso que los entes regionales tienen la competencia para habilitar a la red de clínicas y hospitales que le van a prestar servicios a las EPS que operen en sus jurisdicciones.
De igual forma, Uribe enfatizó que las entidades territoriales así como tienen la facultad para habilitar a clínicas y hospitales, también pueden retirarle dicha habilitación total o parcialmente, si no mantienen los estándares de calidad.
El tercer punto señalado consiste en que los municipios y departamentos deben poner en marcha los procesos de seguimiento y control, que garanticen la calidad y oportunidad en la prestación de servicios de salud.
Por último, Uribe recalcó que alcaldes y gobernadores deben realizar las investigaciones necesarias en las entidades del sector, y que estas deben concordar con la Superintendencia Nacional de Salud.
El Gobierno también anunció que la Nueva EPS recibirá 53 mil millones de pesos para cancelar las cuentas por pagar con prestadores de los servicios de salud.
Dichos recursos provienen de la cuenta de alto costo, y que con ellos se podrá "normalizar los pagos correspondientes a los prestadores".
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