La estrategia de revancha que utilizan algunos enemigos del Presidente Uribe es proyectarlo como un gobernante corrupto. ¡Qué equivocados están! Me corresponde demostrarlo en temas de tierras y agro. Comencemos con tierras.
La idea que han querido exhibir ciertos sectores es que la política de tierras de Uribe tenía como propósito entregar grandes predios rurales a terratenientes, paramilitares y mafiosos. Nada más lejano de la realidad. Primero, en 2002, el Presidente Uribe tomó la decisión de liquidar el Incora, entidad encargada de procesos de reforma agraria, pero que arrastraba un pesado lastre de corrupción. Con la liquidación del Incora (y otras tres entidades del sector rural) y la creación del Incoder (con una planta de personal mínima) comienza Uribe a aplicar su política de austeridad administrativa y cero tolerancia a la corrupción en los procesos de tierras.
Segundo, en 2006 (en plena campaña de reelección) descubrimos que algunos predios que debían entregarse a familias desplazadas, se habían adjudicado a personas que no eran desplazadas y que tenían deudas con la justicia. Esto lo denunciamos públicamente a pesar del daño político que ello podría causarle al Presidente en la recta final de su campaña. Inclusive entregamos a la mano toda la evidencia (incluida una grabación) al Fiscal y al Procurador. Como resultado, los funcionarios fueron sancionados disciplinaria y penalmente.
Tercero, Uribe cambió para bien la política de tierras. En 2003, Uribe decidió que cada predio extinguido a la mafia se entregaría al campesinado. Ahora bien, en 2006 diseñamos las famosas convocatorias de tierra que, por su rigor y por no ser una política ofertista, cierran el espacio a la corrupción. En efecto, las convocatorias impiden que un funcionario compre tierra mala, cobre una mordida y luego entregue el predio a campesinos engañados.
Cuarto, en 2006 implementamos el programa Conret. Gracias a este programa el gobierno del presidente Uribe, por ejemplo, recuperó 30 mil hectáreas que habían sido despojadas a comunidades afrocolombianas en Curvaradó y Jiguamiandó. Llovieron amenazas del terrorismo sobre los funcionarios del Ministerio de Agricultura. Pero valió la pena, pues gracias a Conret se abrió el camino para una solución al despojo de tierras en Colombia. Tanto así que la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación lo reconoció y lo publicó.
Quinto, el Presidente Santos y su equipo fueron informados de unas investigaciones que se habían adelantado en el Incoder durante 2009 y 2010. Estas investigaciones, realizadas por el gobierno de Uribe, permitieron identificar unos funcionarios de Incoder en la costa Caribe que tenían vínculos con grupos ilegales. Gracias a esto el gobierno de Santos pudo actuar y denunciar a esos funcionarios.
Sexto, los enemigos de Uribe han vendido la idea que su gobierno no apoyó a los campesinos. Pues bien, atérrense: durante el gobierno de Uribe se titularon o adjudicaron casi 5 millones de hectáreas a 223 mil familias campesinas y desplazadas. Así es, más del doble de lo que pretende el gobierno actual con la Ley de Víctimas.
Séptimo, Uribe hizo respetar la propiedad pública por encima de todo. ¿Se olvida acaso que fue Uribe quien recuperó Islas del Rosario para el país? Algo que nadie se había atrevido a hacer debido a los intereses poderosos que se oponían.
Por último, de acuerdo al último Índice de Transparencia, publicado por una organización independiente, en 2009 el Incoder mejoró en más de 30 puntos porcentuales su riesgo de corrupción y, por primera vez, alcanzó un puesto dentro del quintil de entidades mejor calificadas.
No puede ser que el Gobierno que más destapó y denunció la corrupción en materia de tierras sea tildado de corrupto en materia agraria. ¿Quién se estará vengando?
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