El anuncio de la devaluación de la moneda venezolana, en un 47 por ciento, es una nueva muestra de las dificultades y los desequilibrios que se han generado a raíz del manejo heterodoxo y poco prudente que, durante los últimos años, se le ha dado a la economía de ese país.
De tiempo atrás, tanto expertos venezolanos como internacionales habían advertido la inminencia del ajuste cambiario. Entre los indicadores que mostraban el deterioro progresivo en materia cambiaria estaban: el alto tipo de cambio del mercado negro de dólares, el bajo nivel de las reservas internacionales líquidas, el elevado nivel de las importaciones, y el creciente déficit público.
El aumento, en términos reales, del gasto público venezolano, acentuado tras el proceso electoral de 2012, y el incremento del ritmo de endeudamiento público, exacerbaron el déficit fiscal, que en el último año alcanzó la calamitosa cifra del 16 por ciento del PIB. Esa situación era, a todas luces, insostenible y hacía previsible y necesario un ajuste.
La medida adoptada no sólo lleva el tipo de cambio oficial de los 4,3 bolívares por dólar vigentes desde 2011, a 6,3 bolívares por dólar, sino que establece que ésta sea la única cotización.
Es claro que la disposición tiene un efecto altamente positivo sobre las maltrechas finanzas del Gobierno central, comenzando con los mayores ingresos en moneda local que recibirá la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), la cual constituye la principal fuente de divisas de esa nación.
Sin embargo, la decisión adoptada tendrá efectos inflacionarios importantes que hacen temer que el poder de compra de los consumidores venezolanos se vea afectado.
Más aún, hay expertos que consideran que, no obstante la mayor disponibilidad de divisas para importaciones de la que se gozará, la escasez de bienes básicos que han tenido que soportar los consumidores venezolanos durante los últimos meses, se mantendrá en niveles muy similares a los actuales.
Dado el alto componente importado con el que opera dicha economía, una devaluación de la magnitud establecida, 47 por ciento, se transmite de manera importante a los precios de los diversos bienes. Esto hace prever que los niveles de inflación de 2013 no estarán muy alejados de los registrados en 2012, cuando alcanzó a ser del 20,1 por ciento, una de las mayores del continente.
Sin duda, la depreciación del bolívar favorecerá a las menguadas actividades de exportación diferentes a las petroleras pues les dará, mientras dure el efecto neto positivo, mayor capacidad competitiva.
En lo que tiene que ver con Colombia, la devaluación del bolívar, además de impactar el comercio de exportación de diversas empresas nacionales, afectará con mayor fuerza la zona de frontera. Ya el Gobierno colombiano ha expresado su preocupación por el posible contrabando de alimentos y la reducción de la actividad comercial en ciudades como Cúcuta.
La compleja situación económica de Venezuela y la falta de interés político por asegurar un manejo más sano y sostenible, hacen creer que los efectos positivos de la devaluación aliviarán, momentáneamente, algunas cosas, pero los desequilibrios existentes harán que sus efectos sean temporales.
Los manejos heterodoxos han mostrado su incapacidad de ser sostenibles y el caso venezolano lo ha venido demostrando con creces. Aunque el populismo tiene sus réditos políticos de corto plazo, al final estos resultan más costosos socialmente.
Esto contrasta con los resultados de manejos más ortodoxos y prudentes, como los implementados por Chile, Perú y Colombia, que, al final, resultan ser más sólidos y sostenibles.
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