María* siempre ha sido una rebelde. Tanto, que cuando era adolescente, un día decidió salir de Duitama, Boyacá, el pueblo donde creció, para arrancar un viaje sin regreso.
Viajó a Medellín y nunca más volvió a su tierra. Hoy tiene 37 años, dos hijos, un marido desempleado y cuatro líneas de celular.
Ella se sublevó cuando conoció las monjas y la invitaron a que consagrara su vida al Señor. Pero eso duró poco. "Cuando era novicia me di cuenta que no era lo mío y me retiré".
Podrá usted hacerse a una idea de la categoría de rebelde de esta mujer que se fue de la casa para ser monja. Ahora imagínela caminando bajo el sol, bajo la lluvia, todos los días. Desde el centro hasta El Poblado. Le da la vuelta al sector, por Las Vegas, por las universidades, por el parque, por los centros de salud. Va casi hasta Envigado. Regresa al centro.
María se gana la vida vendiendo tiempo. Un minuto, dos minutos, con suerte hasta cinco. Cada uno suma 250 pesos. "Pero la cosa está complicada. Además de la competencia tenemos que rebuscarnos un punto en el que nos dejen trabajar. Ya no puedo estar en el centro. Me toca caminar por estos lados".
Por eso a esta mujer menuda y de rostro endurecido ya no le gusta su trabajo. Desde que le pidieron "amablemente" que se retirara del lugar en el que vendía minutos, la cosa le parece maluca. "Yo creo que hay un grupo de personas que está controlando el negocio. El rumor es que hay gente que tiene hasta 150 líneas", dice.
Luchar por la comida
La venta de minutos de celular en Colombia no cuenta con una legislación que la regule. Se estima que hay cerca de un millón de colombianos que se gana la vida bajo este esquema que, hasta ahora, no tiene ni Dios ni ley.
María lo describe simple: "Este negocio no es legal, pero tampoco es ilegal".
Gabriel Jurado, ex comisionado de Regulación de Telecomunicaciones, expresó que hasta ahora "ni el Ministerio de Comunicaciones, ni los operadores de celular, ni las autoridades de orden público han planteado un esquema de control para este fenómeno".
Jurado precisó que los operadores de telefonía móvil disponen en sus contratos que las líneas son de uso personal y que comercializar con ellas es ilegal y violatorio del contrato. Sin embargo, advirtió que existe una demanda creciente por parte de estos usuarios y esto genera una presión comercial, de un lado, y una presión social, de otro.
En ese sentido, son difusas las fronteras, así como imposibles de determinar las cifras globales. No se sabe a ciencia cierta cuánto podría mover este negocio en el país ni cuántas personas dependen de él.
Las cifras individuales son más o menos así: Un vendedor de minutos puede ganarse entre 15 y 50 mil pesos diarios. Eso se divide por 250 o 200 pesos el minuto.
En la calle hay dos tipos de vendedores. Los que trabajan por su cuenta, con sus líneas, como María. O los que trabajan para otros, como Andrés, que le maneja cuatro teléfonos a una señora a la que le debe liquidar cada día. "La patrona me paga cada minuto a 50 pesos, o sea que yo tengo que vender mucho para poder hacerme aunque sea 20 mil diarios", dice este joven de 18 años que tiene el privilegio de trabajar en el Parque de Berrío.
Sí, privilegio, porque esa plaza es una de las mejores y más controladas por ese grupo de grandes propietarios.
Según el testimonio de María, además del parque, están el sector de la Iglesia de San José, la Plaza de la Luz y el Parque Lleras, en El Poblado.
Joana, una chocoana hermosa y conversadora que trabaja en el atrio de la Basílica Metropolitana, explica que el mecanismo en ese sector es distinto. "En el parque de Bolívar hay 24 venteros y desde hace un tiempo estamos organizados. Unos somos dueños de las líneas, otros trabajan por contrato".
Por supuesto, contrato no significa ni prestaciones, ni seguridad social. El contrato solo aplica a la hora de liquidarle al patrón. Pero eso no le preocupa a don Antonio, un vendedor de confites en El Poblado que desde hace dos meses "diversificó" su estrategia. "Un señor conocido me dio un teléfono, yo le tengo que pagar a él una mensualidad. El resto es para mí".
A este señor, con 63 años a cuesta, lo único que importa es que las autoridades lo dejen trabajar. "Espacio Público no me ha dado la licencia y eso sí que me perjudica".
Las autoridades de Espacio Público, según lo cuentan los vendedores consultados, hasta hace un tiempo "molestaron mucho".
Dicen que antes les quitaban los celulares y los chalecos. "Ahora lo que tenemos que hacer es saber en dónde ubicarnos, para no meternos en el sector controlado por otro, y conseguir para pagar la 'vacuna', que es entre 10 y 20 mil pesos semanales".
En este contexto, es poco lo que pueden hacer el Gobierno o los operadores de telefonía móvil. Asocel es el gremio que los representa. Voceros de esta asociación explicaron las dificultades que implica establecer un control que impida la explotación o el abuso.
"El contrato de telefonía móvil prohibe la comercialización de minutos y se exige que la línea sea de uso personal. En ese sentido, viola el contrato quien vende minutos", indicaron voceros de Asocel, que al tiempo, reconocieron la problemática social que obliga a muchos a rebuscarse la vida con este negocio.
"Pero también es importante entender que con el tiempo se ha incrementado el número de personas que utilizan artimañas para obtener más y más líneas, con la consecuente explotación de los trabajadores".
Eso es lo que a María le hace cuestionar su oficio. "Lo peor es que no tengo alternativas. Estoy 'engrampada' con las tarjetas de crédito, tengo que pagar como tres millones de pesos que he gastado en no colgarme con las facturas de cada plan. Y es que eso sí, me llego a colgar y me cortan los minutos".
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