Desde cuando se presentó el borrador de presupuesto hace unos meses, se consideraba que una expansión del gasto superior al 16 por ciento sería excesiva en las condiciones fiscales del país. Finalmente se presentó con un crecimiento del 13.1 por ciento, que continúa agravando la situación estructural del gasto del Estado.
Un problema fundamental es que el Estado se ha ido expandiendo a un ritmo mayor que el de la economía. Eso es grave cuando se tiene un Estado ya muy grande y que supera ampliamente el tamaño relativo de las actividades estatales en las economías de la región. En Colombia el consumo del gobierno supera el 23 por ciento del PIB y está creciendo mientras el promedio latinoamericano se reduce y ya se acerca al 10 por ciento. Esto no es compatible con una estructura fiscal robusta en el largo plazo.
El presupuesto permite leer lo que creemos es uno de los problemas fundamentales de la economía y la sociedad colombianas: la inclusión social. Sostiene el gobierno que una de las razones de tener un presupuesto que expande el Estado es la necesidad de ampliar sus programas de cobertura social y apunta como uno de sus grandes logros el que llegará a 26.5 millones de habitantes vinculados al Sisbén.
Sin duda es algo encomiable que en el país se tenga una cobertura del 85 por ciento en salud y que ésta se haya logrado en 15 años de vigencia de la Ley 100. Lo que sí deja una evidencia de un alto nivel de desintegración y exclusión es que el mismo gobierno reconozca que el 66 por ciento de la población no está atendida de forma contributiva sino subsidiada. Es decir, es población que no tiene un empleo de calidad.
Lo ideal sería que la estructura del Estado derivada de la Constitución del 91 que aumentó los gastos en justicia, salud educación y asistencialismo se hubiera traducido en cambios positivos en los indicadores de calidad educativa, bienestar en salud y mejoras en el cumplimiento de la ley y la estabilidad jurídica. Pero esto no ha ocurrido. El gasto ha aumentado y los comparativos de los indicadores con los países latinoamericanos no son para nada satisfactorios. Están mejor muchos que gastan menos.
Tenemos un Estado pesado e ineficiente, que tiene un tamaño excesivo y captura demasiados recursos del sector privado restándole competitividad y capacidad de crecer autónomamente. La pobreza no se supera con asistencialismo estatal, implica, por el contrario, que se tenga una sociedad más capaz y autónoma en la que los individuos tienen empleos productivos y formales. ¿En dónde están reflejadas en el presupuesto las acciones encaminadas a generar inclusión social? Si el camino adecuado es que las personas creen y expandan empresas y se genere empleo de calidad, el modelo de Estado y de gestión social que se evidencia en el presupuesto nos está conduciendo en la dirección contraria.
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