"No se repara solo con lo material. También con la justicia".
La frase es del Ministro de Vivienda, Ambiente y Desarrollo Territorial, Luis Felipe Henao Cardona, quien, no obstante, reconoce que el asunto es más competencia de otras carteras y ramas del poder público.
"Esta es una tragedia en el olvido", afirma el concejal de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, quien, a propósito de la visita de Santos a Medellín, le recuerda al mandatario la promesa que les hizo a las familias de las víctimas de que en este caso habría una pronta Justicia.
Según fuentes consultadas por El Colombiano, en los despachos de 15 jueces administrativos de Medellín hay admitidas 32 demandas de reparación directa.
El grueso de las mismas cobija como presuntos responsables a entidades públicas. Así puede apreciarse en la demanda que, con fecha 13 de febrero de 2013, fue admitida por el Juzgado 23 Administrativo Oral de Medellín:
La Nación (Presidencia de la República, Ministerio de Ambiente y de Defensa), Policía Nacional (Policía Ambiental), Departamento de Antioquia (Dapar), Corantioquia, Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Municipio de Bello (secretarías de Obras Públicas, Planeación, Gobierno y Hacienda, Inspección Primera de Policía de Bello), Curaduría Segunda de Bello, Clopad, Dipad, Simpad, Sociedad Minera Peláez y Hermanos S.C.S., José Alirio Zamora Ardila, Ministerio del Interior, Fiscalía General de la Nación, Empresas Públicas de Medellín (EPM) y Compañía de Seguros Royal & Sun Alliance Seguros.
Un abogado vinculado al proceso estima que, en promedio, cada demanda tiene una pretensión económica de 250 millones de pesos por grupo familiar, para un total de 8.000 millones de pesos. Si esa demanda prospera, uno de los mayores perjudicados sería el Municipio de Bello, cuyas finanzas podrían recibir un duro golpe.
Pico y Placa Medellín
viernes
0 y 6
0 y 6
