El ex magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia Yesid Ramírez Bastidas, afectado por de las interceptaciones ilegales del DAS, es una de las primeras víctimas en interponer una demanda en contra del Estado por esos hechos delictivos.
Ramírez prepara, junto con sus abogados, una demanda en contra del Estado colombiano por 1.487 millones de pesos, para que le reconozcan los perjuicios causados y los riesgos que han debido afrontar él y su familia por los seguimientos de los que fue víctima y que ya han sido reconocidos por varios de los involucrados en el proceso judicial.
Ramírez Bastidas recibió recientemente el aval de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), desde donde se ratificó la necesidad de mantener vigentes las medidas cautelares a favor del ex magistrado, por el riesgo que corre.
Se espera que Ramírez y sus abogados radiquen ante la Procuraduría General de la Nación una acción de conciliación, que deberá ser resuelta en los próximos meses.
Por ahora, se ha establecido que las entidades a las cuales demandaría Yesid Ramírez serían el DAS y Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf) del Ministerio de Hacienda.
Como pruebas serían aportados los documentos y declaraciones en las que ex funcionarios de las referidas entidades han confesado que efectivamente el ex magistrado fue seguido de manera ilegal por agentes del Estado.
Ramírez dijo que las interceptaciones le ocasionaron "desasosiego, rabia, tristeza, múltiples preocupaciones y noches de insomnio". El ex magistrado aseguró que él y su familia redujeron "a cero" su vida social por el temor a ser "rechazados, ofendidos, espiados y hasta agredidos".
Frente a algunos comentarios que afirman que Ramírez está actuando en el mismo sentido que lo hizo, en su momento, la ex candidata presidencial Íngrid Betancur, el analista Andrés Mejía Vergnaud aseguró que las dos circunstancias se parecen en algo, aunque tienen una diferencia muy clara.
"Las dos actuaciones se parecen en cuanto a que tienen un tono de oportunismo y extrema ambición, ambos son personas de una posición social alta y presentan una pretensión económica muy ambiciosa. Sin embargo, hay una diferencia muy clara y es que Íngrid Betancur no es una víctima del Estado, en tanto que Yesid Ramírez, y todos sus compañeros, son víctimas de un acto ilegal cometido por agentes del Estado", aseguró el analista Mejía Vergnaud.
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