Uno de los mensajes de Telegram citado por el diario The Intercept, el fiscal en jefe de la operación de corrupción Lava Jato en Brasil, Deltan Dallagnol, dice: “Sigo muy preocupado por el posible regreso del PT (Partido de los Trabajadores), pero he orado con frecuencia para que Dios ilumine a nuestra población y para que un milagro nos salve”.
La conversación podría ser una expresión normal de un crítico del partido del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. La diferencia, sin embargo, es que aquel que le oraba a Dios para que el partido de Lula no volviera al poder en las elecciones de 2018 era el mismo que tenía en sus manos el caso que condenó por corrupción al exmandatario.
El mensaje de Dallagnol es solo uno de las comunicaciones publicadas por la revista electrónica The Intercept, que ha puesto en duda la legitimidad de la mayor investigación de corrupción en ese país durante los últimos años (ver Recuadro).
En concreto, son tres los señalamientos que estos chats de Telegram, suministrados por una fuente anónima, realizan contra los fiscales que investigaban a Lula y Sergio Moro, el entonces juez de Lava Jato en Curitiva y hoy ministro de justicia del presidente Jair Bolsonaro.
La revelación más grave, de acuerdo con Antonio Carvalho, abogado brasileño y miembro de la consultora Fundación Perseu Abramo, es que Dallagnol y Moro mantenían contacto y este último –pese a ser el juez del caso– sugería a los investigadores cómo proceder.
En una ocasión, según The Intercept, el hoy ministro incluso cuestionó al equipo del Ministerio Público su falta de resultados:“¿No ha pasado mucho tiempo sin una operación?”. En diciembre de 2015, Moro habría indicado a Dallagnol una fuente que podría consultar, a lo que el jefe investigador respondía: “¡Gracias! Nos pondremos en contacto”.
Esa complicidad entre el juez y una de las partes “viola el principio de equidistancia entre el que acusa y el que toma la decisión final. Es un acto ilegal”, agrega Carvalho.
Moro, acusado de obtener su puesto en el gobierno de Bolsonaro como una recompensa por haber encarcelado a Lula, no desmintió las filtraciones, pero consideró que en los mensajes “no se vislumbra ninguna anormalidad” y que la publicación del portal web ignora “el gigantesco esquema de corrupción revelado por la operación Lava Jato”.
El segundo grupo de mensajes que genera cuestionamientos está en un chat grupal en el que los fiscales del caso, aparentemente, intentaron evitar que Lula fuera entrevistado en la cárcel en septiembre de 2018, al considerar que esto beneficiaría a su candidato, Fernando Haddad.
De acuerdo con las filtraciones, durante todo el 28 de septiembre los fiscales expresaron su indignación por el permiso que un juez dio a Lula para hablar desde prisión con el diario Folha de Sao Paulo.
Luego, algunos comenzaron a sugerir caminos para evitar la entrevista: “Plan A: podríamos presentar una apelación en la Corte Suprema, sin probabilidad (de éxito). Plan B: ábrelo para que todos lo entrevisten el mismo día. Será caótico, pero reduce la probabilidad de que la entrevista sea dirigida”, apuntó el fiscal Januário Paludo.
En último lugar, otros mensajes muestran que el jefe de la investigación no estaba seguro de la solidez de sus pruebas contra el expresidente, las cuales llevaron a su condena y aseguran que Lula habría recibido un apartamento por parte de Odebrecht a cambio de beneficiar a la compañía con contratos en la empresa estatal Petrobras.
En general, los indicios apuntan a que, en nombre de destapar un caso de corrupción, los funcionarios involucrados cruzaron las líneas de imparcialidad que les imponían sus cargos. La duda, como explica Matías Alejandro Franchini, profesor de relaciones internacionales de la U. del Rosario, es el impacto de estas filtraciones en futuras investigaciones sobre corrupción.
Sin embargo, si bien Moro y los fiscales fueron expuestos como enemigos del Partido de los Trabajadores, “los mensajes no indican, en ningún momento, que consideraran a Lula inocente”, según señala el analista brasileño Iván Godoy. Estas revelaciones dejan a Brasil,y a la región, frente a esa discusión: si hay fronteras para las causas anticorrupción
