En 5 meses, el 7 de noviembre de 2021, se realizarán las elecciones generales –presidenciales y legislativas– en Nicaragua. Pero, desde ya, hay tensión. Y no se trata del clima propio de las elecciones, sino de los hechos que hacen que se cuestione la legitimidad de los comicios.
El más reciente ocurrió a finales de esta semana, cuando la justicia nicaragüense ordenó el arresto de la periodista Cristiana Chamorro, quien se perfila como la principal opositora ante una eventual candidatura de Daniel Ortega, quien se encuentra en el poder desde 2007.
Chamorro fue detenida, luego de que la jueza del Noveno Distrito Penal hallara fundamentos en la acusación de supuesto lavado de dinero, tras irregularidades en el manejo de los recursos de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, madre de la candidata y presidenta del país centroamericano entre 1990 y 1997.
La decisión judicial, además, la inhabilita para ser candidata. Las autoridades locales argumentaron que Chamorro “no está en pleno goce de sus derechos civiles y políticos”. Desde su detención, de acuerdo a su equipo de prensa, permanece incomunicada y aislada en su casa.
Las reacciones no se hicieron esperar. Antony Blinken, secretario de Estado de EE. UU., aseguró que “es la muestra de una falta total de confianza” y pidió su liberación.
La ONU, a través de su representante Stéphane Dujarric, condenó el hecho al asegurar que “estos acontecimientos crean el riesgo de empeorar la confianza en las próximas elecciones”, por lo que aseguró que “estaremos al tanto de las acciones legales tomadas contra Chamorro”.
Por su parte, Peter Stano, portavoz de la Unión Europea aseguró que “las acciones judiciales contra Chamorro son incompatibles con un proceso electoral creíble, transparente y abierto a la oposición y a sus candidatos”.
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