El paízs gobernado por Evo Morales tiene dos relatos. El primero, protagonizado por sus partidarios del Movimiento al Socialismo (MAS), que hoy salen a marchar en respaldo al mandatario y al resultado de las elecciones presidenciales del pasado domingo, en las que según el Tribunal Supremo Electoral (TSE), este habría ganado la reelección a pesar de que el organismo detuvo el recuento de actas de votos.
La segunda narración va por cuenta de la oposición, encabezada por el expresidente y candidato Carlos Mesa, junto a su partido Comunidad Ciudadana, que denuncian un “fraude escandaloso” y que ayer comenzaron un paro indefinido contra el recuento que consideraron irregular. Un mensaje similar al que enviaron la Unión Europea, Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el preconteo.
Este último organismo convocó a una reunión extraordinaria en el Consejo Permanente para este miércoles, al tiempo que la Misión de Observación Electoral avanza en la revisión del conteo, que desde el lunes en la noche aseguraron tuvo un “cambio drástico y difícil de justificar en la tendencia de los resultados preliminares”.
El director de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, pidió que se aplique la Carta Democrática. Esta se usa cuando en un país se rompe la institucionalidad democrática y su aprobación depende de la votación en el Consejo. Sin embargo, para el profesor de relaciones internacionales de la U. del Rosario, Mauricio Jaramillo, “no se tiene certeza de si hubo una interrupción del orden constitucional. Hay muchas especulaciones y es difícil activarla en semejante incertidumbre”.
Suma de inconformidades
Para la noche del domingo ese recuento quedó en el 84 %, arrojando una inédita segunda vuelta. Se detuvo y se reinició en la noche del lunes, cuando con el 95,3 % del preconteo Morales comenzó, contra los pronósticos, a perfilarse como ganador absoluto. El propio TSJ descartó una segunda vuelta electoral, lo que desató una serie de protestas e intentos de saqueos a las sedes del organismo.
Hasta el cierre de esta edición, Bolivia no había procesado el 100 % de los votos. Evo tenía el 45,86 % y Mesa el 37,53 %. Es decir, el oficialismo estaba a 1,67 puntos de confirmar la diferencia necesaria para declarar la victoria en segunda vuelta (ver gráfico).
Esa lentitud en el cómputo fue el detonante de las acusaciones de fraude por parte de la oposición, señalamientos que rechazó el TSE. Y mientras se esperaban los resultados, las marchas se recrudecieron. En La Paz la sociedad civil acordonó la sede del TSE, en Santa Cruz manifestantes se enfrentaron con la Policía y la gente llenó los supermercados y estaciones de combustible para abastecerse ante el anuncio del paro indefinido.
El socialista se presentó este año a su tercera reelección, que le permitiría ajustar 20 años en el poder, a pesar de que en el refrendo en 2016 la ciudadanía rechazó su continuidad. Además, la Constitución que él promulgó en 2009 prohibió esa figura por más de dos periodos. Por esa situación, el profesor de la U. Sergio Arboleda, Fabio Sánchez, dice que “el caso de Evo se veía problemático desde hace algunos años, ya que desarrolló una estrategia para no permitir una transición democrática, que daña el ambiente político. Es un claro autoritarismo que en ciertos aspectos nos lleva a la época oscura de las dictaduras en la región”.
Con el cuestionamiento de una parte del mundo democrático, Evo enfrenta este miércoles una inédita discusión en la OEA y el país cumple su tercer día detenido a la espera de la resolución de unos comicios de vaivenes.
En el interior, las posibilidades de la oposición se reducen al nuevo recuento de las actas de votos y a la espera del escrutinio final, a cargo de un organismo que estos han denunciado estaría a favor del oficialismo al permitir su candidatura presidencial.
