Desde el 21 de diciembre de 2016, día en que se suscribió el acuerdo al que llegó la constructora brasileña Odebrecht con la justicia estadounidense para colaborar en una investigación que ya tenía carácter global, la clase política se vio especialmente afectada en los países latinoamericanos.
Han pasado dos meses y de súbito todos investigan —parecía todo mucho más tranquilo y reducido a Brasil antes del pacto que firmó el emporio en Nueva York—, pero existe un país en el que la pesquisa parece avanzar con mayor celeridad: Perú.
Allí ya hay cuatro exfuncionarios capturados y decenas bajo investigación. También medios locales informan que ningún exmandatario peruano desde el retorno de la democracia (1980) estaría exento de pesquisa (Alan García, Alberto Fujimori, y Ollanta Humala). Pero el más cercano de ellos a ser culpado es Alejandro Toledo (2001-2006).
Los cuatro exfuncionarios detenidos son Jorge Cuba, exviceministro de Transporte durante el segundo mandato de Alan García (2006-2011); su esposa Jessica Tejada, acusada de lavado de activos; el exfuncionario Edwin Luyo, perteneciente al partido de García; y Miguel Navarro, exservidor del viceministerio de Comunicaciones durante la misma administración.
En Perú distintos sectores coinciden en que se trata apenas de la punta del iceberg en este caso y que muchos más políticos se verán involucrados a medida que avanza la investigación.
Así lo consideró también el congresista Luis Galarreta en diálogo con el portal Perú21: “con la información que ha dado Luyo se demuestra que hay hechos que vienen de una telaraña enorme”.
¿Buen sistema o gobierno?
Desde que estalló el caso, la relativamente nueva administración de Pedro Pablo Kuczynski (PPK) anunció apoyo decidido a la investigación y combate a dichas tramas corruptas, empezando por la empresa Odebrecht y sus numerosos contratos hasta entonces vigentes.
“Lamentablemente tienen esta tara de la corrupción y tienen que irse. Se acabó. Tienen que llegar a un acuerdo con la Fiscalía”, dijo el pasado 24 de enero en entrevista con RPP.
El mismo día ordenó multar a la constructora brasileña por 262 millones de dólares. ¿Es la rapidez con la que aparentemente avanza el caso en Perú contra Odebrecht debida a una buena reacción del gobierno? Expertos consultados por EL COLOMBIANO se mostraron escépticos.
“La percepción es más bien que fue el carácter internacional del escándalo el que ha significado mayor celeridad en una serie de investigaciones, que ya se venían adelantando contra distintos expresidentes y exfuncionarios por corrupción en distintos niveles. También, la debilidad de los partidos políticos en Perú es un factor que ayuda a que se pueda denunciar más fácilmente a exmandatarios, ya que estos tienen más dificultad para guardarse las espaldas en el Legislativo. El gobierno de PPK no influye en eso”, explicó Paolo Sosa, politólogo del Instituto de Estudios Peruanos.
“La rapidez del caso tuvo que ver más con la información que surge desde el caso Lava Jato en Brasil, porque desde allí mentaron nombres peruanos. La administración PPK no está necesariamente exenta de riesgo, porque él fue ministro de Economía y primer ministro de Alejandro Toledo. Lo han tratado de involucrar y tal vez por eso se muestra contundente”, afirmó Fernando Tuesta, director del Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica de Perú.
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