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Desde el 21 de diciembre de 2016, día en que se suscribió el acuerdo al que llegó la constructora brasileña Odebrecht con la justicia estadounidense para colaborar en una investigación que ya tenía carácter global, la clase política se vio especialmente afectada en los países latinoamericanos.
Han pasado dos meses y de súbito todos investigan —parecía todo mucho más tranquilo y reducido a Brasil antes del pacto que firmó el emporio en Nueva York—, pero existe un país en el que la pesquisa parece avanzar con mayor celeridad: Perú.
Allí ya hay cuatro exfuncionarios capturados y decenas bajo investigación. También medios locales informan que ningún exmandatario peruano desde el retorno de la democracia (1980) estaría exento de pesquisa (Alan García,...
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