Defender Derechos Humanos en América Latina no es, en general, una ocupación segura. Pero de entre todos los países el más peligroso es Colombia, según un informe publicado ayer por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Naciones Unidas.
El reporte señaló que, en los primeros 4 meses de 2019, fueron recibidos 51 reportes de líderes asesinados en Colombia, de los cuales han verificado 21. La cifra quintuplica la del segundo país con más casos de homicidio, México, con 10.
En Honduras, Costa Rica, Perú, Brasil y Guatemala también mataron a personas dedicadas a esta labor durante este periodo, mientras que en Nicaragua y Venezuela se registraron hostigamientos contra organizaciones sociales.
Un problema regional
La defensa de derechos es, en sí misma, un derecho. Así lo establece la Declaración de Naciones Unidas de 1998 que reconoce la labor de los líderes de Derechos Humanos.
Sin embargo, esto no aplica en casos recientes como el de Maritza Quiroz Leiva, una reclamante de tierras y líder afrodescendiente en Santa Marta quien murió a tiros en enero de este año.
Este y medio centenar más de vidas apagadas en Colombia persisten pese a la reducción en las cifras de asesinados que destacó esta semana el gobierno de Iván Duque.
Para Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para Análisis de Conflictos (Cerac), “aún se requiere normalizar a la Policía como una fuerza de protección y no solo de ataque”.
La debilidad, tanto en el caso de Colombia como en otros de la región, está acentuada en la periferia y en ciertas comunidades. En México, por ejemplo, 9 de las 10 personas asesinadas en estos 4 meses fueron indígenas.
Luis Daniel Vásquez, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales en México, explica que estos pueblos, por su idiosincracia, “están en abierto conflicto con los modelos extractivistas que dirigen la economía”.
El rol de los gobiernos, además, no siempre da un respaldo. En Brasil, señala Pablo Nunes, investigador del Observatorio de Seguridad de Río de Janeiro, el gobierno de Jair Bolsonaro y sus posiciones contra comunidades Lgbt, por ejemplo, hacen que “la narrativa de la defensa de la vida esté más amenazada hoy que nunca antes”.
En el caso de México, Vásquez apunta que pese a que la lucha contra la criminalidad y la corrupción fue una de las banderas del actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, una vez en el gobierno la necesidad de gobernabilidad lo ha llevado a aliarse con partidos tradicionales que le han impedido tomar medidas drásticas para judicializar a los carteles responsables de gran parte de las muertes.
El balance, de acuerdo con el informe y los expertos es el de una región que sigue sin brindar las garantías a quienes dedican su vida –y a veces la pierden– por defender los derechos de todos
70
defensores de derechos han sido asesinados hasta abril de 2018, según la ONU.
