Quédense en México. El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha sentenciado el regreso de una política migratoria que inició Donald Trump y que Joe Biden se propuso finalizar desde el primer día en la Casa Blanca. La derrota, política y judicial para Biden, es mayor para los miles de solicitantes de asilo de EE.UU., en su mayoría centroamericanos, que ahora deberán esperar que los tribunales fallen sobre sus procesos en tierra mexicana, inmersos en los contextos violentos de los que precisamente buscaban huir con el asilo.
Conocido oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), el programa facilitó que la administración Trump deportara a México a cerca de 70.000 solicitantes de asilo que ya estaban en EE.UU. esperando la resolución de sus procesos, desde enero de 2019 hasta inicios de junio de 2021, cuando el secretario de Seguridad Nacional de Biden, Alejandro Mayorkas, decretó el fin de la política. “Los MPP ya no son necesarios o viables”, se leyó entonces en un memorando de siete páginas con el que informó su decisión. Una que ya no es válida.
“Al igual que lo hizo Trump, Biden ha intentado desarrollar una política migratoria a través de decretos. La ventaja es que así sus decisiones no tienen qué pasar por el Congreso, la desventaja es que puede pasar esto”, explica desde la Universidad de Nueva York el profesor y politólogo Patricio Navia. De hecho, en el comunicado en el que informó su determinación, el Tribunal Supremo hace referencia a una postura similar que ya tomó en 2020.
Una política bloqueada
En ese entonces rechazó un intento de Trump por derogar vía orden ejecutiva el programa de inmigración Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), política que aprobó Barack Obama (del que Biden era vicepresidente) y que protege de la deportación a los conocidos “dreamers”, personas que entraron a EE.UU. de manera ilegal cuando aún eran niños.
En esta ocasión, y por una votación 6-3, los jueces del Supremo concluyeron que el Gobierno Biden no logró demostrar el error de un juez de Texas quien, en primera instancia el pasado 13 de agosto, ordenó el reinicio inmediato del MPP. El Supremo concluyó que la administración no pudo argumentar que el memorando de Mayorkas no fue “arbitrario y caprichoso”.
“¡La política de Permanecer en México debe implementarse ahora!”, celebró la decisión vía Twitter el Fiscal General de Texas, Ken Paxton. “El problema de fondo es que no hay una mayoría en el Congreso lo suficientemente fuerte como para cambiar los marcos legales que regulan las políticas de migración”, explica Navia. Si bien en la Cámara de Representantes los demócratas tienen una mayoría de 220 legisladores por 212 republicanos, en el Senado están 50-50, con el desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, algo insuficiente para decisiones de profundo calado nacional.
Como por ejemplo la amplia reforma migratoria que Biden propuso al Congreso en febrero pasado y que busca, entre otras, regularizar a más de 11 millones de indocumentados en un tiempo menor a 8 años. La iniciativa permanece bloqueada debido a la falta de consenso con los republicanos pero incluso en las mismas filas demócratas. “Entre ellos algunos quieren una reforma ambiciosa, otros algo más limitado”, finaliza Navia, “hay que añadir que el tema migratorio no es una prioridad ahora en la administración”.
Con los ojos de Biden en Afganistán y en sus planes económicos, los asuntos de inmigración no concentran la atención. Eso pese a que hacia el sur la frontera no deja de dar problemas. Solo durante marzo pasado se capturaron 172.331 personas intentando cruzar ilegalmente hacia EE.UU., la mayor cifra en 20 años, según la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza estadounidense. La esperanza de que eso cambie en el corto plazo no es viable.
“Hay que seguir concientizando de la necesidad de proteger esas vidas”, señala Nora Sandigo, una inmigrante y asilada nicaragüense que apoya desde su fundación en Florida, Children Foundation, a niños y niñas cuyos padres fueron deportados, “solo nos queda trabajar con demócratas y republicanos, con sociedad civil. Necesitamos un marco migratorio comprensivo y general” .
