Los legisladores demócratas pidieron al vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que se haga un juicio político al saliente mandatario Donald Trump por la toma al Capitolio que protagonizaron sus seguidores el pasado miércoles 6 de enero y que dejó como resultado la muerte de cuatro personas y caos en Washington.
Sin embargo, ese reclamo se hace a escasos trece días de que el republicano deje la Casa Blanca, considerando que la juramentación de Joe Biden será miércoles 20 de enero, por lo que los legisladores tendrían que actuar contra el tiempo para sacar adelante un nuevo impeachment, el segundo que enfrentaría el presidente.
La petición fue hecha por la jefa de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y Chuck Schumer, el demócrata de mayor rango en el Senado. Estos reclaman a Pence activar la Enmienda 25 de la Constitución y destituir al presidente por los sucesos de la última semana. Y es que el propio Trump asistió a las movilización que se tomó el Congreso y alentó a los manifestantes a acercarse al lugar.
“Vamos a bajar caminando hasta el Capitolio y vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas”, le dijo el mandatario a sus seguidores en Washington. ”Si no peleas como el demonio, ya no vas a tener un país. Deja que los débiles se vayan. Esta es la hora de la fuerza”, agregó. Justamente, por declaraciones como esas sus opositores lo vinculan a las violentas protestas del pasado miércoles.
Existen dos figuras que se pueden aplicar en este caso. La primera, el juicio político o impeachment, es un proceso que ya vivió Trump en febrero de 2020 por la presunta interferencia con Ucrania para que ese país investigara a Joe Biden y su hijo Hunter Biden. El segundo camino es la Enmienda 25, que da al vicepresidente –en este caso Pence– la posibilidad de enviar una carta a la Cámara de Representantes y al Senado alegando la incapacidad para gobernar del gobernante.
Esa misiva debe ser firmada por más de la mitad de los integrantes del gabinete de la Casa Blanca y, una vez tramitada en el Congreso, el vicepresidente en funciones se convertiría en el presidente encargado del país, es decir, Pence. No obstante, Trump podría impugnar ese proceso.
La decisión de comenzar un nuevo juicio político contra Trump está en manos del vicepresidente y el gabinete saliente de la Casa Blanca.
Vale recordar que el miércoles Trump había pedido a Pence rechazar la votación del Senado que confirmaría el triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre y este se negó a seguir sus órdenes de frenar la certificación de un nuevo mandatario.
Pence, incluso, criticó a los manifestantes que entraron por la fuerza al Congreso. “A quienes desataron hoy el caos en nuestro Capitolio: ustedes no han ganado. La violencia nunca gana. La libertad siempre gana. Y esta sigue siendo la casa del pueblo”, les dijo. Al final, el vicepresidente presidió la sesión para certificar el triunfo de Biden, junto a Pelosi.
La líder demócrata dice que, si el vicepresidente y su gabinete no acepta aplicar la Enmienda 25, “el Congreso puede estar preparado para seguir adelante con el juicio político (...) Esto es urgente, esta es una emergencia de la mayor magnitud”, agregó Pelosi. Para conseguirlo los demócratas tienen la mayoría en la Cámara, pero en el Senado hay un empate 50-50 de legisladores de ambos partidos.
Pero comenzar la destitución presidencial en el legislativo implica un proceso largo, que requiere investigaciones de los legisladores, recolección de pruebas e interrogatorios, hasta llegar al momento de la votación. Esto, en un contexto en el que le restan trece días en la Casa Blanca al mandatario, parece ser una misión difícil de cumplir.
“Es probable que el tiempo para una nueva impugnación no dé, pero acá pesa lo simbólico. Llevar a Trump a juicio estaría cargado de simbolismo. Incluso, si él entrega la presidencia, tendría que ir ante la justicia, dependiendo de cómo se dé la impugnación”, explica Alejandro Bohórquez Keeney, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Javeriana.
Este debate va más allá del periodo del mandato de Trump, ya que el mandatario estaría planeando un indulto presidencial para perdonarse a sí mismo. Esa figura le permitiría eludir posibles investigaciones en su contra que lleguen a manos de la justicia federal una vez deje el poder, sin embargo, no tendría efecto para casos de las fiscalías de carácter estatal.
El único presidente estadounidense que recibió un indulto fue Richard Nixon, pero este no se “autoperdonó”, sino que fue su vicepresidente Gerald Ford quien aplicó esa figura para favorecerle tras el escándalo del Watergate.
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