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El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, literalmente salió de un hueco para meterse en otro: esta semana el mandatario estuvo a punto de ser destituido por el Congreso por sus presuntas relaciones en los sobornos de Odebrech y ahora se encuentra en el ojo del huracán por concederle el indulto al expresidente de ese país, Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
Esta última decisión de Kuczynski ha generado todo tipo de reacciones, principalmente de grupos de víctimas, defensores de Derechos Humanos y del “antifujimorismo”, que tildaron al mandatario peruano de “traidor”.
Representantes de víctimas, incluso, anunciaron que buscarán ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se reverse el indulto para que Fujimori vuelva a la cárcel.
El abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal y quien defendió a los familiares de las víctimas de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta (hechos por los que el exmandatario fue condenado), aseguró que el indulto tiene irregularidades y la CIDH puede pedir al Estado revertir la decisión tomada por el presidente de Perú.
Los contrarios al fujimorismo, quienes piden que no haya impunidad con los crímenes cometidos durante el mandato de Alberto Fujimori (1990-2000), recordaron que Kuczynski prometió durante la campaña electoral del pasado año no firmar ningún indulto al exmandatario.
La líder del bloque de izquierdas Nuevo Perú, Verónika Mendoza, cuyo apoyo a Kuczynski fue decisivo para que se impusiera en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de 2016 a Keiko Fujimori, hija de Alberto Fujimori, aseguró que el indulto es “una vil traición a la patria”.
Mendoza criticó duramente que Kuczynski haya dado la libertad a Fujimori a cambio de no ser destituido por el Congreso gracias a los votos de diez congresistas fujimoristas rebeldes con su grupo, liderados por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, que había pedido al mandatario indultar a su padre.
“A cambio de salvar su pellejo ha negociado con el fujimorismo un indulto infame al corrupto y asesino Alberto Fujimori. Para él todo se negocia y se vende, y hoy, una vez más, ha actuado como un vendepatria dándole el indulto a un asesino”, dijo Mendoza.
Por su parte, el exministro Pedro Cateriano, quien apoyó abiertamente a Kuczynski frente a la moción que el Congreso le hizo para destituirlo, también calificó el indulto a Fujimori como un “acto de traición a la democracia y a los derechos humanos”.
“El indulto al dictador no es un acto humanitario, ha sido un pacto político infame”, dijo Cateriano, quien había recomendado a Kuczynski recurrir a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que observara su proceso de destitución.
Desde la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos aseguró que el indulto es ilegal y “reabre las heridas para los peruanos, sobre todo de los familiares de las víctimas del régimen de Fujimori”, además de apuntar que “no hay reconciliación con impunidad”.
José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch para América, lamentó el indulto humanitario a Fujimori.
“En lugar de reafirmar que en un estado de derecho no cabe un trato especial a nadie, quedará para siempre la idea de que su liberación fue una vulgar negociación política a cambio de la permanencia de en el poder de Kuczynski”, dijo el funcionario en su cuenta de Twitter.
Desde el pasado viernes Alberto Fujimori se encuentra por fuera del centro de reclusión en el que cumplía su condena, sin embargo su salida de la cárcel no tuvo que ver con el indulto, sino por problemas de salud relacionados con su corazón que obligaron a las autoridades trasladarlo a un centro asistencial.
Keiko Fujimori, hija del exjefe de estado y actual congresista afirmó a medios locales que su familia está muy agradecida con el presidente y que “se hizo justicia. Será una Navidad diferente. Es una libertad con esperanza y alegría. Es momento de la reconciliación nacional”.
Precisamente, la principal razón del presidente Kuczynski de firmar el indulto es por “razones humanitarias”, al considerar que el exmandatario, de 79 años, padece una enfermedad no terminal grave, degenerativa, progresiva e incurable, cuyas condiciones se agudizan en prisión.
Periodista. Magíster en Comunicación de la Defensa y los Conflictos Armados de la Universidad Complutense de Madrid