Las opiniones que la Organización de Estados Americanos (OEA) emitió durante su verificación electoral en 2019 en Bolivia, y que llevaron a la renuncia del entonces presidente Evo Morales, hoy llamada por la justicia de ese país como golpe de Estado, no iban a pasar desapercibidas, mucho menos cuando el socialista Luis Alberto Arce Catacora ascendió a la presidencia de su país con las banderas del mismo Morales.
Por eso, la visita oficial de Arce al presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador fue la oportunidad perfecta para promover el tatequieto a la OEA, en lo que ambos la calificaron como responsable de injerencia en asuntos internos de los pueblos.
En el comunicado conjunto que emitieron tras el encuentro, los mandatarios coincidieron en la “importancia de promover el carácter exclusivamente técnico, objetivo e imparcial de las Misiones de Observación Electoral de la OEA”, las cuales dijeron “deben ceñirse a los principios de no intervención, el respeto a la autodeterminación, el diálogo, la negociación, la búsqueda de consensos y la solución pacífica de controversias, considerando prioritaria la construcción de un multilateralismo que favorezca el bienestar de las personas y la dignidad de los pueblos”.
Así mismo, manifestaron la necesidad de que la Secretaría General de la OEA “se limite a actuar dentro de su propio marco institucional y a abstenerse de intervenir en los asuntos internos de los Estados miembros”.
Por el contrario, reconocieron el rol de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (ambas adscritas a la OEA); en particular, del proceso de investigación que lleva adelante el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la CIDH en Bolivia, sobre los acontecimientos ocurridos entre el 1º de septiembre y el 31 de diciembre del 2019 en las regiones de Senkata y Sacaba, entre otros.
Presiones de OEA en Bolivia
Este mensaje carga con un importante trasfondo político. La OEA respaldó completamente a la oposición boliviana según la cual Evo Morales cometió fraude electoral para perpetuarse otros cinco años en el poder (ya llevaba 14).
Las pruebas presentadas por la oposición mostraban actas con más votos que personas registradas, intercambios de datos y enmendaduras, que causaron protestas muy violentas en todo el país, que terminaron, luego de presiones de la Fuerza Pública con la renuncia del presidente y de su vicepresidente Álvaro García Linera.
Morales se fue asilado a México y en su país nombraron como presidenta interina a la senadora Yeanine Áñez, hoy detenida.
Pero todo este asunto no comenzó el día de las elecciones (31 de octubre de 2019). Ya la OEA había expresado que era ilegítimo que Morales buscara más reelecciones, luego de que en 2013 burlara a la Constitución que autorizaba solo dos periodos consecutivos y pasara en 2016 sobre un referendo que limitaba a una sola la oportunidad de reelección en Bolivia.
Lo que es curioso, porque en ese momento sí le sirvió al gobierno la prevalencia de convenios internacionales sobre la Constitución Política del Estado, ya que entonces el Movimiento al Socialismo (MAS), partido de Gobierno, echó mano del Pacto de San José de Costa Rica para defender las aspiraciones de Morales y quitarle peso al referendo.
Dada toda la carga de varios años de su corriente política con la OEA, Arce decidió busca aliados para exigirle a Luis Almagro, secretario general de ese organismo, que deje en paz los asuntos internos de su pueblo.
Y para ello encontró en López Obrador a otro presidente que ha sentido a Almagro como una piedra en el zapato. De hecho, México exhortó a la OEA a respetar la voluntad del pueblo boliviano y la democracia.
Es de recordar que el 6 de marzo de 2020, Marcelo Ebrard, ministro de relaciones exteriores de México pidió por tercera vez un informe sobre las supuestas irregularidades en las elecciones bolivianas y dijo: “La Organización de Estados Americanos (OEA) es un organismo mucho más grande que su secretario general”.
De hecho, la aspiración de Arce es que Almagro sea destituido, “en este momento, Almagro no es un factor de unidad o de coordinación dentro de la OEA, es una manzana de la discordia, porque en torno al posicionamiento que tenemos respecto a su conducta, hay unos Estados que le apoyan y otros que le cuestionamos. Queremos recuperar la institucionalidad de la OEA, y eso pasa porque el periodo de Almagro debe quedar concluido”, señaló el domingo a La Razón.
Incluso dijo que Almagro no solo debe irse a su casa sino que tiene que responder por lo que ocurrió.
¿Ambiente para destitución?
Mauricio Jaramillo Jassir, internacionalista de la Universidad del Rosario, explicó que tanto México como Bolivia estaban en mora de hacer un pronunciamiento como el que hicieron, dado que ha sido evidente el actuar de Almagro frente a mandatarios de izquierda.
“La agenda de Luis Almagro es política y selectiva, está obsesionado con Venezuela, critica a Bolivia en el proceso que se tiene en contra de Áñez y no ha mostrado el mismo rasero para hablar de la violencia en Chile, en Ecuador, en Haití o en Colombia. Y me parece que la gota que rebosa la copa es hablar sin temas contundentes de una politización de la justicia boliviana, lo cual es muy grave”, señaló Jaramillo.
Además, señaló que, Almagro se “reeligió a las patadas, con muy poca legitimidad”, por lo que se puede decir que llegó el momento de definir cuál es el verdadero rol del secretario general.
Luis Felipe Buitrago, politólogo y analista internacional de la U. de A, opinó que: “Los países liderados por la izquierda están en todo su derecho de pedir que a OEA no interfiera en sus asuntos, se trata de un organismo multilateral que debe buscar estrechar los lazos comerciales, de desarrollo y de diplomacia, pero cada nación se autodetermina”.
Y ve muy poco probable que se dé una destitución del secretario general recién reelegido, ay que esta postura solo estaría avalada por México, Bolivia, Argentina, Nicaragua y Venezuela, mientras que el resto de la región está en manos de la derecha.
Si bien, no hay un consenso para la destitución, sí puede haber una moción de censura sobre su actitud, explicó Jaramillo, lo que podría volcar los esfuerzos a fortalecer otros organismos de cooperación diferentes.
Tanto así que Arce y López reafirmaron su compromiso por continuar el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), como actor crucial para fomentar la concertación política y la integración regional. Organismo del cual México ostenta la presidencia pro témpore de este año
