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Pedro Castillo se declaró víctima de un golpe de Estado orquestado por la Fiscalía de Perú
El ente acusador lo sindica de liderar una red de corrupción desde el poder ejecutivo.
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Pedro Castillo está inmerso en seis expedientes penales, pero se declara víctima de una persecución política. FOTO: EFE
Luego de que la Fiscalía lo señalara de ser el supuesto líder de una red de corrupción, el presidente de Perú, Pedro Castillo, se declaró víctima de un complot para dar un golpe de Estado.
En un acto inédito, el Jefe de Estado convocó a la prensa extranjera al Palacio de Gobierno, donde aseguró que “se ha iniciado la ejecución de una nueva modalidad de golpe de Estado en Perú”.
Negó “rotundamente las acusaciones”, dijo que no tienen pruebas en su contra y condenó el trabajo de la Fiscalía, a la que acusó de actuar “políticamente”.
Asimismo, aseguró que no va a pedir asilo o a abandonar su país y reiteró que está siendo víctima de “persecución política”, pero que él se mantendrá “en pie y firme” hasta el final de su mandato, que en principio se extiende hasta 2026.
Las declaraciones se deben a que la Fiscalía estrechó el cerco judicial en su contra al allanar el domicilio de su hermana Gloria Castillo, con su madre Mávila Díaz presente, e instaurar en el Congreso una denuncia constitucional.
La mamá del Jefe de Estado tuvo que ser internada en un hospital de Lima por problemas de salud durante las diligencias. “Este acto abusivo ha afectado su salud. Responsabilizo a la Fiscalía de la Nación por la salud de mi señora madre”, espetó Castillo en un tuit.
El ente acusador también ordenó allanamientos en las oficinas y residencias de seis congresistas del partido Acción Popular, investigados por sus presuntos vínculos con la supuesta organización criminal que, según la tesis del Ministerio Público, encabeza Castillo en su Ejecutivo.
Los allanamientos, que ocurrían mientras la prensa local revelaba una serie de acusaciones contra el mandatario por parte de supuestos colaboradores de la Justicia, se saldaron con la detención preliminar por un plazo de diez días de cinco integrantes de un grupo de exasesores del Ejecutivo.
Los cinco están siendo investigados por su presunto rol en el supuesto grupo corrupto que, según la Fiscalía, lidera presuntamente el jefe de Estado para obtener ganancias de la licitación fraudulenta de obras públicas.
Horas después, la tensión se recrudeció cuando el Ministerio Público anunció a través de Twitter que la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, había presentado en el Congreso una denuncia constitucional contra Castillo como presunto autor de los delitos contra la tranquilidad pública, en la modalidad de organización criminal agravada por su condición de líder.
También por delitos contra la administración pública en la modalidad tráfico de influencias agravado y como presunto cómplice de colusión (fraude).
Inmediatamente después, Benavides ofreció un pronunciamiento público en el que justificó su decisión aludiendo a los “muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno” que supuestamente se encontraron durante las diligencias de la mañana.
La fiscal fue enfática al afirmar que esta red corrupta está “presuntamente liderada por el presidente de la República, Castillo Terrones”, e integrada por varios ministros.
Con la remisión de la denuncia constitucional contra Castillo al Parlamento, ahora queda en manos del Legislativo el avance de un trámite que, de pasar todas sus etapas legales, podría resolverse con una votación en el pleno sobre una eventual suspensión del mandatario, quien en sus quince meses de gestión ha sobrevivido a dos intentos de destitución impulsados por la oposición, que domina la Cámara.
