El régimen de Nicolás Maduro ya mostró los dientes dejando ver cuáles son los intereses paralelos al restablecimiento de relaciones con el gobierno de Gustavo Petro. Más allá del comercio, el chavismo quiere que el país acceda a extraditar a los perseguidos políticos que se refugiaron en Colombia.
El dardo lo lanzó Diosdado Cabello asegurando que ya hay conversaciones para iniciar la cooperación judicial, una pretensión que Petro frenó tajantemente asegurando que “Colombia garantiza el derecho de asilo y el refugio”.
Cabello pertenece a la primera línea del chavismo, en televisión pública ha hablado de darle “tun tun” a sus contradictores y tiene una lista negra de opositores quienes tienen pendientes con la justicia de Venezuela, una autoridad que está en manos del propio régimen.
Muchos de sus contradictores están en Colombia. Los números son difusos, pero al menos 15 asilados políticos, 30 militares y decenas de refugiados viven en el país bajo sistemas de protección internacional después de huir de la persecución de la que eran víctimas en Venezuela.
“Una cantidad de gente que está por allá, que Venezuela está solicitando en extradición, que sean detenidos y enviados por los delitos cometidos contra nuestro país. Tienen hasta asesinos por allá resguardados, ladrones”, opinó Cabello, quien es el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido (Psuv), la colectividad que fundó el mismo Chávez.
Es más, Cabello está reclamando a 23 personas implicadas en la administración de Monómeros, la compañía de fertilizantes colombo venezolana cuya administración entregó el expresidente Iván Duque a la oposición, y que Petro está evaluando si regresa al régimen.
A los opositores los señalan de cargos como traición a la patria, usurpación de funciones, legitimación de capitales y asociación para delinquir, entre otros. Esos delitos son los que han acompañado las solicitudes de extradición que la justicia venezolana emite a la Interpol pero que, como son medidas que pasan por lo ideológico, terminan siendo descartadas.
El cruce de declaraciones entre Petro y Cabello es el segundo bache del régimen con el gobierno en medio de la reactivación de las relaciones bilaterales. El primero fue el 9 de agosto cuando el chavismo salió a decir que estaba lista una cumbre del presidente con Nicolás Maduro, a lo que el mismo Petro respondió que el encuentro se cuadraría “en el momento adecuado”.
Los que protege Colombia
Mientras ese encuentro se concreta, el Palacio de Miraflores mira a la Casa de Nariño con el objetivo de devolver a Venezuela a los opositores que tuvieron que huir para salvar sus vidas. Son decenas, no está claro contra quiénes hay medidas presentadas ante la Interpol y se conocen pocos nombres por motivos de seguridad.
El más mediático de ellos es Julio Borges, quien se asiló en Colombia en octubre de 2018. El diputado opositor es uno de los líderes del partido Primero Justicia (el mismo al que pertenece Enrique Capriles) y fue el emisario del opositor Juan Guaidó para las cuestiones diplomáticas con el Grupo de Lima.
En medio de la coyuntura, Borges optó por no dar declaraciones a medios y su grupo viene buscando una cita con el gobierno Petro o el canciller Álvaro Leyva. Ese llamado, por ahora, no ha sido atendido.
Junto a él están otros políticos que hacen las veces de representación diplomática de la oposición como Eduardo Battistini, quien arribó en enero de 2020 como embajador del “gobierno interino” y ahora es representante de la Asamblea Nacional opositora.
“Nuestro temor no es el gobierno de Gustavo Petro, sino que este restablecimiento de relaciones traiga funcionarios de inteligencia que con acreditación diplomática vengan a hacer trabajos de inteligencia”, sentenció Battistini.
El fiscal Zair Mundaray, los diputados Gaby Arellano y Carlos Paparoni, el embajador Alejandro Martínez y los familiares del fallecido capitán Rafael Acosta Arévalo, un militar que murió bajo custodia de la justicia, son otros de los asilados políticos y refugiados que están en Colombia.
Uno más que estaba en el país es el artista y líder de las protestas Gabriel Valles, quien optó por viajar a España como otros refugiados venezolanos. Su caso da cuenta de que, en medio de las promesas de protección del nuevo gobierno, hay quienes ya no ven en Colombia un país seguro. ¿Culpa de los infiltrados de la inteligencia de Maduro? .
