Nicaragua se enfrentará el próximo 7 de noviembre a unas elecciones generales en las que deberá elegir presidente y a los integrantes del legislativo, un proceso en el que la oposición prevé que Daniel Ortega aspire por un cuarto mandato consecutivo, pese a que él no lo ha confirmado. El consenso en los detractores del Gobierno no se traduce aún en una candidatura única (hay 10 precandidatos), pero sí en un rechazo general a la reforma electoral que Ortega presentó el pasado 13 de abril de 2021.
Los cambios en el sistema electoral nicaragüense son una demanda de la oposición y de la comunidad internacional. En octubre de 2019 la Organización de Estados Americanos (OEA); y recientemente en marzo de 2021, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, exigieron, entre otras reformas, cambios en el Consejo Supremo Electoral (CSE, hoy en manos del oficialismo), que deben darse a más tardar en mayo de este año y con miras a garantizar elecciones “libres, justas y transparentes”. El proyecto de ley presentado por el Gobierno, sin embargo, parece apuntar en otra dirección, critican los opositores.
La reforma
Dos cosas les preocupan especialmente. La sustitución del “observador electoral” por la de “acompañante”, una figura que denuncian es más limitada en sus funciones; y la facultad que se le otorga a la Policía de permitir o no manifestaciones durante la campaña electoral, una función en este momento en manos del CSE. “Esto convierte al presidente de la República, como jefe supremo de la Policía, en juez y parte de este proceso electoral”, denuncian los 10 precandidatos de la oposición en un comunicado conjunto.
El proyecto también considera restricciones a quién se puede presentar como candidato, especificando que no lo podrán hacer quienes “tuvieren impedimentos o les fuere prohibido de conformidad con la Constitución Política de Nicaragua, Ley de Regulación de Agentes Extranjeros y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz, publicada en La Gaceta“. Estas leyes, aprobadas por la mayoría oficialista determinan, por ejemplo, que no pueden participar en política quienes cometan “crímenes de odio”, sin especificar qué es un crimen de odio.
“Junto al rechazo, presentamos propuestas a ser incorporadas en la reforma. Si esa iniciativa es aprobada tal cual la presentó Ortega, la oposición tendrá que tomar la dura decisión de participar o no en las elecciones y asumir los costos que eso implica”, señala Juan Diego Barberena, abogado y miembro del Consejo Político de la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), una de las coaliciones opositoras más grandes de Nicaragua, que reúne a 43 organizaciones. Las propuestas que presentaron giran alrededor de tres temas, principalmente.
La renovación de los integrantes del CSE, en aras de una conformación más diversa políticamente; la depuración del patrón (censo) electoral; y la presencia de observación electoral internacional, además de la eliminación de las nuevas facultades de la Policía. La iniciativa de reforma está siendo estudiada por una comisión que conformó la Asamblea Nacional y tendrá que ser votada a más tardar en las primeras dos semanas de mayo.
El pasado 25 de marzo, días antes de que la iniciativa se conociera, el diputado sandinista, Wilfredo Navarro defendió el proyecto. “Está referido a temas eminentemente técnicos y de perfeccionamiento. El proceso electoral puede ser perfeccionado”, señaló, antes de aclarar que la propuesta se basa en un documento confeccionado con la OEA en 2017, llamado Memorándum de Entendimiento.
En él, tanto la organización multilateral como el Gobierno de Nicaragua se comprometen a impulsar el fortalecimiento institucional y político electoral del país. “Los ajustes están dentro de ese marco”, dijo Navarro, antes de criticar la división en la oposición, “yo he estado trabajando en la reforma, pero pregunto, ¿con quién voy a negociar? Si mi contraparte, la oposición, no tiene cara, hay un montón de grupos que se agreden entre ellos”.
Si la actual reforma cumple o no con lo requerido por la OEA, que ha amenazado implícitamente con no reconocer los resultados de las elecciones si no se cumplen los requisitos de transparencia, tendrá que ser resuelto por la organización. “Nosotros esperamos que el organismo se pronuncie sobre la reforma y sobre el plazo límite que impuso (mayo)”; dice Barberena.
Este lunes 26 de abril, María Auxiliadora Martínez, presidenta de la Comisión Especial que estudia la reforma, señaló que se ha consultado a 18 partidos políticos respecto a la iniciativa. “Se ha avanzado de manera cualitativa y cuantitativa y nos preparamos para la realización y firma del dictamen en los próximos dos días”. La tensión seguramente no se reducirá, un estado que el país vive hace tres años.
Fue en abril de 2018 cuando miles de personas se lanzaron a las calles contra una reforma a la seguridad social adelantada por el gobierno de Daniel Ortega. Pronto, las manifestaciones se tornaron en una exigencia por un cambio de gobierno. A punto de unas elecciones generales, Ortega se propone aprobar una nueva reforma electoral que, según la oposición, cerraría las puertas de la renovación política.
“El país vive bajo un estado de sitio de facto”; describe Barberena, “hay presencia policial en los principales puntos de Managua (la capital) y del resto del país. Hay constante asedio y persecución a los liderazgos opositores. Está prohibida toda movilización ciudadana”. La CIDH constató que la respuesta del ejecutivo en 2018 se caracterizó “por la represión y criminalización de los manifestantes y el movimiento social que representan”. Murieron 328 personas, entre ellas 21 policías y 24 niñas, niños y adolescentes; 777 más fueron privadas de la libertad y 100.000 se vieron obligadas a huir de Nicaragua a países vecinos.
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