Joe Biden ha dado un paso adelante en la que es una vieja promesa del establecimiento demócrata: una reforma migratoria integral que normalice la vida de millones de migrantes irregulares en el país. El presidente radicó ante el Congreso un plan que da vía libre a casi 11 millones de indocumentados (según la Casa Blanca) para que adquieran su nacionalidad en un período no mayor a 8 años. Nadie apuesta porque la reforma sea aprobada tal cual, pero pocos dudan de que es un paso histórico en el camino correcto.
La propuesta tiene medidas de corto, mediano y largo plazo. Los llamados “soñadores”, los migrantes que llegaron al país siendo niños, podrán adquirir una residencia legal de “inmediato” y tres años más tarde, la ciudadanía.
Lo mismo se prevé que ocurra con los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS), otorgado a ciudadanos de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Haití; y a los trabajadores agrícolas.
Para el resto de población indocumentada que certifique que está en EE.UU. desde antes del 1 de enero de 2021 se abre una vía de 8 años para adquirir la nacionalidad. Podrán solicitar de inmediato, si no tienen antecedentes, un estatus legal temporal con el que estarán autorizados a trabajar y viajar sin temor a ser deportados; tras cinco años serán aptos para una tarjeta de residencia; y tres años después, la ciudadanía plena.
“Es el plan más ambicioso en este tema desde 1986”, señala desde la Universidad de Nueva York el profesor y politólogo Patricio Navia. Ese año el presidente Ronald Reagan legalizó a tres millones de indocumentados. “Aunque el ambiente político es propicio, probablemente los senadores aprobarán una reforma migratoria menos ambiciosa de lo que pretende Biden”. Una cosa es la promesa y otra el plan que finalmente será ley.
Si bien los demócratas consiguieron el control de la Cámara y Senado en las pasadas elecciones, esta es de una mayoría simple. La ley necesitaría que al menos 10 senadores republicanos voten a favor, lo que parece una opción muy lejana, pese al llamado perentorio de Biden. El presidente dijo en un comunicado que considera urgente devolver la “justicia, la humanidad y el orden” al sistema de inmigración de Estados Unidos.
Una ley mucho menos ambiciosa ya se cayó en el segundo gobierno de Barack Obama, del que Biden era vicepresidente. La administración actual es consciente del panorama y desde ya se ha mostrado abierta a que se fraccione la reforma y se aprueben los apartes con mayor apoyo, como el que impacta a los “soñadores”. Entre tanto, otras medidas tendrán que ir a discusión, varias de ellas de calado político, como la derogación de algunas decisiones de Donald Trump y la inversión de $4.000 millones de dólares en cuatro años en El Salvador, Guatemala y Honduras.
Los puntos más duros
La reforma pretende suspender algunas de las medidas más criticadas del gobierno de Trump, entre ellas aquella que llevó a la separación, entre 2017 y 2018, de 5.000 niños de sus padres y madres migrantes. “Algo sobre lo que Biden ya inició una investigación para ubicar a los niños y reunirlos de nuevo con sus padres”, señala Navia. También se cae el Protocolo para la Protección de Migrantes, causante del regreso a su país de origen de miles de solicitantes de asilo mientras sus procedimientos terminaran en EE.UU.
El enfoque de Trump, que giró siempre en torno a la construcción del muro en la frontera con México, es reemplazado por una partida de inversiones de $4.000 millones de dólares en países de Centroamérica que busca contribuir a mejorar índices de pobreza y seguridad, intentando atacar lo que el gobierno estadounidense ubica como la raíz de la migración.
“Las políticas de cooperación internacional como esta, pueden ser una motivación para permanecer en los países y desincentivar la migración, pero no la acabará”, señala María Teresa Palacios Sanabria, directora del grupo de investigación en DD.HH de la Universidad del Rosario. “La inversión es importante para luchar en contra de desigualdades, pero hay otro tipo de condiciones estructurales, como por ejemplo la estabilidad democrática, que no van a desaparecer a mediano plazo”.
Basta camino, negociaciones políticas y rifirrafes, para conocer cuál será, finalmente, la reforma migratoria de Biden, pero nadie duda del mensaje simbólico que envía esta propuesta: uno de esperanza.
