El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio un paso que abre el debate sobre la regularización de las drogas. El mandatario demócrata perdonará a todos los condenados a nivel federal por posesión de marihuana a través de una orden ejecutiva.
La determinación era un promesa de campaña que Biden decide cumplir justo cuando los estadounidenses están a un mes de acudir a las urnas para las elecciones legislativas de medio mandato, una contienda que sirve como examen a lo que va de su gobierno y que mide sus capacidades políticas para hacerse reelegir.
Pero más que un asunto nacional, su paso coincide con un contexto en el que varios países de América están hablando de regularizar el uso recreativo de la marihuana, como Colombia o Costa Rica. Incluso en México el expresidente Vicente Fox también está moviendo a sus fichas políticas para promover ese tema.
Según Biden, “enviar a la cárcel a gente simplemente por poseer marihuana ha afectado a demasiadas vidas y ha supuesto que haya personas encarceladas por una conducta que es legal en muchos estados”.
Las cuentas de la Casa Blanca indican que aproximadamente 6.500 personas están condenadas a nivel federal por posesión de marihuana, además de otras 1.000 en el Distrito de Columbia, y serían ellas quienes se beneficiarán de esta decisión.
El anuncio de la administración demócrata es parte de una serie de acciones ejecutivas anunciadas por Biden para tratar de dar pasos en la despenalización de la marihuana. Sin embargo, esa propuesta se ha visto ralentizada por la falta de acuerdos en el Congreso.
En la actualidad, el uso recreativo de la marihuana es legal en 19 estados y en el Distrito de Columbia, donde se encuentra la capital de Estados Unidos, Washington. Además, 37 de los 50 Estados permiten el uso medicinal de esta droga.
Esos datos sobre el panorama de la regularización de la marihuana muestran los mismos limitantes que tiene esa determinación. Primero, que en Estados Unidos cada Estado puede regular sobre el tema; segundo, que así como las zonas de ese país son independientes sobre el tema, también lo son el resto de naciones de la región en las que el debate está, pero avanza a paso lento.
