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La Corte Penal Internacional (CPI) anunció, este miércoles la apertura de una investigación formal contra Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de las manifestaciones antigubernamentales en 2017.
Karim Khan, fiscal del alto tribunal que adelantó una visita de tres días en Caracas, firmó un memorando con el presidente Nicolás Maduro, en el que las partes se comprometieron a trabajar en el acceso a la justicia en el caso.
“El fiscal de la CPI ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela y ha determinado que procede abrir una investigación para establecer la verdad de conformidad con el Estatuto de Roma”, reza el memorando.
El proceso ante la corte inició en febrero de 2018 con el examen preliminar para determinar los supuestos abusos de las fuerzas de seguridad venezolanas, tanto en las manifestaciones ocurridas desde abril de 2017, en las que murieron cerca de 100 personas., como en algunas cárceles donde se habría maltratado a opositores.
Con esas bases, la exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, adelantó en noviembre del año pasado, que existían “fundamentos razonables para creer” que se sí cometieron crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El caso pasó a manos de Khan, quien debía decidir si la investigación se desestimaba o pasaba a la siguiente fase, convirtiéndose, según Human Rights Watch, en la primera decisión de este tipo que se toma en la historia de América Latina.
Maduro, en desacuerdo
Respecto a la decisión informada por la corte, el mandatario venezolano respondió que respeta, pero no comparte la decisión adoptada.
“Después de esta evaluación y este debate, el fiscal (de la CPI) ha decidido pasar a la siguiente fase para buscar la verdad. Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos”, dijo Maduro.
Ante esto, el fiscal respondió insistiendo que está “plenamente consciente de las fallas que existen en Venezuela, la división política que existe. No somos políticos, nos guiamos por el principio de legalidad y el estado de derecho”.
Lo que dice el documento
En el memorando también quedó consignado que Venezuela “interpreta que no se cumplen los requisitos del artículo 53 del Estatuto de Roma para justificar el paso de la fase de examen preliminar a la fase de investigación”.
Dicho artículo reza que “el fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto (de Roma)”.
Frente a esto, el país recomendó que las denuncias “deben ser investigadas en el país por las instituciones nacionales existentes creadas para tal fin”.
Así mismo, en el documento quedó consignado que en la fase preliminar “no se ha identificado a ningún sospechoso ni a ningún objetivo” y que su fin es, precisamente, determinar “si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
Reacciones
Tamara Siju, directora ejecutiva de Casla Institute y abogada defensora de Derechos Humanos, calificó de histórica la decisión de la CPI y explicó que lo que sigue en el proceso es profundizar en las investigaciones para “determinar la incriminación de altos responsables de los crímenes que se están evaluando”.
Así mismo, José Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), celebró la decisión que “le da una esperanza de justicia a las cientos de víctimas de la represión brutal del régimen de Maduro”.