Venezuela se enfrenta, de nuevo, a un choque de poderes de grueso calibre, por cuenta de la aprobación en la Asamblea Nacional de una Ley de Amnistía, el pasado martes.
Nicolás Maduro, de manera tajante, asegura que no la sancionará, porque protege a criminales, asesinos, narcos y terroristas. Por su parte, la oposición la defiende, porque, argumenta, permitiría liberar presos políticos y encaminar al país por la senda de unión, la paz y la regeneración moral.
Carlos Berrizbeitia, diputado de Proyecto Venezuela por el Estado de Carabobo, le dijo a EL COLOMBIANO que la ley debe pasar un examen de constitucionalidad en el Tribunal Supremo de Justicia.
Ese órgano, agrega, es controlado por el oficialismo. Sobre todo su Sala Constitucional, pues de siete magistrados que la integran, seis fueron funcionarios del chavismo, por ejemplo, como diputados, y embajadores.
Si, como se prevé, el Supremo torpedea la ley, el diputado considera que se daría una mala señal al mundo sobre la interferencia de la Justicia en decisiones del Legislativo.
Pero, como eso no les basta, la Asamblea Nacional abordará con carácter de urgencia, un proyecto de reforma al Poder Supremo, cuya Sala Constitucional se ampliaría en ocho miembros.
Un Comité de Postulación judicial, en el que también tendría asiento la sociedad civil, escogería a los magistrados. Fuera de lo anterior, el diputado Berrizbeitía afirmó que la Asamblea Nacional tiene facultades legales, de las que puede echar mano, para promulgar la Ley de Amnistía.
Grosso modo, el diputado estimó que la ley beneficiaría a cerca de 45 personas, entre políticos y jóvenes encarcelados por protestar contra el gobierno de Maduro.
Ahí están personajes renombrados como Leopoldo López, Manuel Rosales, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos. Más allá, hay exiliados, perseguidos y personas como Mariana Corina Machado, a quien quitaron su cargo de diputada.
En declaraciones a este diario, Machado indicó que la ley será aprobada por el parlamento nacional, de manera constitucional, “porque es un clamor de la población venezolana y porque es un derecho y es justicia”.
Reconoció que la ley no será aprobada por el régimen chavista y los poderes públicos que controla, “si no logramos la movilización y presión ciudadana y social, acompañada de la presión internacional, como las que obligaron el 6 de diciembre al régimen de Maduro a reconocer la mayoría que somos”, concluyó.
