Los números que registra el Centro de Atención Integral a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas) de la Fiscalía indican que la red de proxenetas podía ganar aproximadamente $1’500.000 semanales por enviar mujeres desde Medellín a municipios de Antioquia.
Según un fiscal de esa unidad especial, “captaban aproximadamente 100 mujeres cada ocho días y cobraban entre $10.000 y $20.000 por cada una”.
Los intermediarios citaban a las implicadas en las terminales de transporte de Medellín y estando allí, les decían hacia qué pueblo tenían que viajar y a qué establecimiento debían llegar para ofrecer servicios como trabajadoras sexuales.
“Ninguna iba engañada. Sabían a lo que iban. En estos casos, el flujo es mucho y durante el año se mantiene. No podemos hablar de que hay una época en que se mandan menos mujeres. Los días más fuertes en las terminales son viernes y sábado y, por lo general, se quedan todo el fin de semana”, describe el investigador.
Aunque el oficio de la prostitución no es ilegal en Colombia para mayores de edad, incitar a su practica sí lo es y está tipificado en el código penal en los artículos 308, inducción a la prostitución; 309, constreñimiento a la prostitución; 311, trata de personas, y 312, estímulo a la prostitución de menores o pornografía infantil. Por eso, a un grupo de personas que las autoridades judiciales les comprobaron que rentaban a estas mujeres, las capturaron y las judicializaron ante un Juzgado Penal de Conocimiento de Medellín.
“Las mujeres iban a las terminales y allí se contactaban con las personas que de alguna manera tenían el dominio de la captación porque conocían cuál es la demanda de mujeres en los bares y establecimientos de municipios de Antioquia o departamentos cercanos como Caldas, donde mantenían contacto permanente con los administradores y propietarios de estos lugares”, agrega el fiscal.
Serán condenados
Dentro de los implicados en el caso, que fue llevado a los estrados judiciales, están Benito Antonio Suárez Clemente, John Jairo González, Jair de Jesús Franco Henao y Héctor de Jesús Rave Zapata, que no reconocieron los cargos que les imputaron, pero en etapa de juicio oral el ente investigador demostró sus culpas y por eso les dictaron sentido de fallo condenatorio.
El vicealcalde de Gobernabilidad de Medellín, Luis Fernando Suárez, consideró este proceso como un hito.
“Demuestra que la institucionalidad unida tiene más capacidad que los delincuentes. No hay antecedentes de condenas (en Medellín) en casos como este. Fueron muy importantes las labores de investigación, pero también los sistemas de videovigilancia (de las terminales) para poder comprobar los delitos, en principio para cuatro personas, pero adicionalmente hay otras once implicadas que ya se allanaron a los cargos”, manifestó el funcionario.
Suárez agregó que “es muy grave este delito y nos muestra una ruta muy importante en el ataque a esta modalidad de explotación sexual comercial y, sin duda, a un fenómeno que hoy ocurre en Medellín, que es el turismo sexual”.
La lectura de la condena para Suárez, González, Franco y Rave está programada para el 5 de febrero y los años de sentencia estarían entre 3 y 13, dependiendo del análisis que de cada caso haga el titular del juzgado.
