El proyecto de Reforma Tributaria que el Gobierno llevará al Congreso el 20 de julio, "no tiene un carácter integral y no busca incrementar el recaudo tributario en las magnitudes que se requerirían para garantizar que el balance fiscal sea sostenible a futuro".
Este es el concepto del director de Fedesarrollo, Leonardo Villar Gómez, quien dice que sería deseable buscar un incremento del recaudo tributario del 1,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) , aumento que ayudaría a combatir de mejor manera la apreciación cambiaria y enfrentar las distorsiones económicas con un mayor ahorro.
Aunque destacó el crecimiento, que podría llegar en este año al 4,8 por ciento, en un escenario pesimista -si se recrudeciera la crisis en Europa- contemplaría un crecimiento del PIB del 3,8 por ciento, por lo que se podría requerir una política fiscal contracíclica.
Después de que La República diera a conocer que el borrador de la reforma planteaba gravar con IVA de 5 por ciento a productos de la canasta familiar exentos y excluidos, el presidente Juan Manuel Santos desechó la propuesta. Según Fedesarrollo, la discusión inicial se concentró en cómo iba a afectar a los más pobres, lo cual es válida, pero incompleta.
La entidad explicó que la mayor parte de los bienes exentos los consumen los más ricos. "Un aumento en el recaudo a través del IVA puede tener un impacto redistributivo al incrementar la capacidad del Estado para atender a los sectores menos favorecidos mediante, por ejemplo, transferencias monetarias o gasto público en salud y educación".
No es integral
Otro de los vacíos que encontró Fedesarrollo fue la "falta de integralidad". En opinión de Villar, hay impuestos distorsionantes que afectan negativamente el mercado laboral, como los parafiscales. Dentro de los objetivos de la reforma no se incluye el desmonte de aquellos tributos, aunque sí se plantea el desmonte gradual del gravamen a las transacciones financieras (4 por 1.000).
Sin embargo, Fedesarrollo destaca como un paso en la dirección acertada la propuesta de eliminar la exención tributaria de las pensiones superiores a 13 millones de pesos, así como la reducción de las tarifas de impuesto a las empresas, del 33 por ciento actual, hasta el 27 por ciento, "que significa un gran avance en materia de competitividad y generaría una mayor equidad entre las empresas que hoy pagan el impuesto pleno y las que han accedido a regímenes especiales de excepción (especialmente las grandes) y han consolidado sus beneficios mediante contratos de estabilidad jurídica con el Estado".
Destaca, asimismo, la eliminación de la exención del 25 por ciento que tienen todos los salarios y la racionalizción de algunos beneficios asociados a la compra de vivienda.
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