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Así tienen ‘secuestrada’ la Secretaría de Educación

El candidato Albert Corredor convirtió la Secretaría de Educación prácticamente en la sede de su campaña política. Tiene a su disposición contratos de prestación de servicios por $64.000 millones y más de 1.000 contratistas a los que obligan a ser peones de su campaña.

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07 de octubre de 2023
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“En la oficina de Albert Corredor hay una máquina para hacer granizado que siempre tiene licor... Desde las 9 de la mañana está prendida”. “¿Los fines de semana?”, pregunta el periodista. “Noooo. ¡Todos los días! De lunes a lunes. No sé si es para que esos pelados no se den cuenta de los daños que están haciendo”. La que habla es una contratista de la Secretaría de Educación que, como parte de sus funciones, está obligada a trabajar en la campaña a la Alcaldía de Albert Corredor.

La situación en esta secretaría ha llegado a un extremo denigrante. A muchos de los más de 1.000 contratistas cada vez les cuesta más encontrar palabras para describir el infierno que están viviendo desde finales del año pasado cuando se convirtieron, en contra de su voluntad, en los peones de Albert Yordano Corredor. Todos hablan con desespero, como queriendo lanzar un dramático SOS para ver si alguien se encarga de salvar ese barco del naufragio.

“Esto es un secuestro”, dice uno de los contratistas. A otra le parece que está en la Edad Media: “La Secretaría se la entregaron a un señor feudal que es Albert, pero él tiene unos vasallos que son los que se encargan de controlar y vigilar al resto”. Hay otro que dice que cuando lo “invitan” a las rodadas con cientos de motos sin dios ni ley se le viene a la cabeza la imagen de Pablo Escobar. Y otro más dice sentirse asfixiado por el acoso: “Uno no puede decir que no va a asistir a los eventos de campaña o que no va a repartir volantes porque tiene al líder del grupo con los ojos encima y a dos o tres compañeros que están todo el día metidos en la campaña recordándole que si no apoya lo echan”.

Es una amenaza que se cumple. Empleados de carrera que llevan años en la Secretaría dicen que a ojo de buen cubero, al 80% de los psicólogos del programa Entorno Protector los han cambiado. No importa la educación sino la campaña. Tanto así que contratan a los funcionarios por apenas un mes o incluso hasta quince días, y así los mantienen con la rienda corta, para que cumplan las tareas que les imponen desde la campaña. Un contrato de un año que sería lo correcto pensando en el bienestar de los niños atendidos por la Secretaría, no le sirve a Corredor y a sus secuaces como herramienta de presión para que trabajen en su campaña.

En lo que va de este año, 51 psicólogos del programa de Entorno Protector han renunciado “de forma voluntaria y sin ningún tipo de atención externa”, según la Universidad Católica del Norte, una institución privada, y desconocida, a la que la Secretaría de Educación decidió entregarle de forma directa todos los contratos para su operación. Si bien es grave que a cualquier contratista lo saquen por no hacerle campaña a un candidato y no por su desempeño laboral, en el caso de los psicólogos el drama es más grande: aunque en la ciudad hay 229 instituciones educativas y hay un psicólogo para cada una, algunas de esas instituciones tienen varias sedes, que en realidad son más de 400. De manera que hay un solo psicólogo para atender tres o cuatro sedes de la misma institución y cuando se va por razones políticas, deja abandonados los procesos terapeúticos de hasta mil estudiantes con problemas de ansiedad, depresión, violencia familiar, adicciones.

“Hay psicólogos que apenas duran quince días o un mes porque no les renuevan el contrato. Cuando un estudiante tiene que contarles la misma historia a tres o cuatro personas diferentes, está siendo revictimizado y lo más probable es que abandone el proceso. Es un estudiante que perdemos”, cuenta alguien que trabaja en varios colegios. Un puñado de esos contratistas, sometidos a esa suerte de inquisición, se acercaron a EL COLOMBIANO luego del debate de candidatos realizado el 18 de septiembre. “Cuando yo oí a Corredor decir que él no presionaba a los contratistas y que si era así denunciáramos, yo dije: ‘¡no puede ser tan cínico este hombre! y decidí hablar’”, dijo alguno.

Como este se acercaron psicólogas, jefes de núcleo, coordinadores de grupos y auxiliares administrativos a contar cómo la toma de la Secretaría de Educación, por parte del combo de Corredor, se ha convertido en un verdadero infierno. Cada uno de los testimonios es igual de escandaloso que el anterior. Por eso, decidimos hacer este relato entretejiendo las diferentes historias. Todas ellas están grabadas.

Las fuentes que consultamos para este artículo no dicen sus nombres no tanto porque temen perder su trabajo, sino sobre todo porque temen por su seguridad: “A mí no me da miedo que me echen, eso es lo de menos, sino que uno no sabe él (Corredor) con quién anda, yo tengo un hijo y somos solos él y yo. No puedo dejar que me pase algo”, dice otra. Es un miedo razonable: un par de veces han tenido que ir a volantear a barrios “calientes”, pero antes de empezar la jornada los reúnen con los que parecen ser los “muchachos de la vuelta” que les dicen que estén tranquilos, que ellos los cuidan, que no les va a pasar nada y que tienen permiso para estar ahí. Eso sí, les indican que no se pasen de tal cuadra o esquina.

¿$32.000 millones a su servicio?

El dato clave de esta historia es que durante el último año, más de la mitad de los cerca de 1.700 contratistas de la Secretaría de Educación han estado al servicio de la campaña a la Alcaldía de Albert Corredor.

Esto quiere decir que buena parte de los 64.000 millones de pesos que la Secretaría de Educación ha girado en 2023 para contratarlos –es decir, de la plata de todos, de la plata de la ciudad– se ha utilizado para convertir a servidores públicos en soldados de una campaña política.

Por supuesto, hay quienes dirán que no todos los contratistas son de Corredor y que los que sí son no solo se dedican a la campaña sino que les toca cumplir con tareas en la Secretaría. Pero así se reduzca a la mitad, a $32.000 millones, seguiría siendo un escándalo mayúsculo de malversación de recursos. Y sobre todo de maltrato a los niños y adolescentes de Medellín, a la educación de los cuales deben destinarse esos recursos.

Según los testimonios, el uso desmedido de los contratistas por parte de Corredor comenzó desde el año pasado, de manera que podrían llegar a ser aún más los dineros públicos puestos al servicio del capricho electoral de este candidato. No es coincidencia el hecho de que esta Secretaría, que venía haciendo este tipo de convenios para contratación de personal con el Pascual Bravo, haya decidido cambiar de aliado a partir de 2022 para poner en esa tarea a la Universidad Católica del Norte. El Pascual Bravo, al ser una institución pública, tenía que poner toda la información de los contratos de cada persona a disposición del público; en cambio la Católica, al ser privada, puede ocultarlos. En 2022, justo cuando comenzaron a planear la campaña y a presionar a los contratistas.

Albert Corredor, un joven de 34 años al que le gustan las motos de alta gama y ha sido uno de los amigos más cercanos del exalcalde Daniel Quintero, curiosamente, no negó en el debate estar utilizando a los contratistas.

Solo negó “obligarlos”. En otro debate, el también candidato Felipe Vélez le reprochó por estar llevando decenas de contratistas de la Secretaría para que le hagan barra, y tampoco lo desmintió, solo le dijo: “De malas”.

La pirámide Corredor

Para nadie es un secreto que desde cuando Daniel Quintero llegó a la Alcaldía, en enero de 2020, les “dio” la Secretaría de Educación a Albert Corredor y a su amigo venezolano Rafael Carrero como parte de pago por el apoyo financiero que le brindaron en campaña. En 2022 Corredor diseñó una especie de pirámide con cerca de mil contratistas de la Secretaría para competir en las elecciones que se llevarán a cabo dentro de tres semanas a la Alcaldía: en la cúspide de la pirámide está él, por supuesto; luego están los que podrían considerarse su primer anillo integrado por Camilo Luna Palacio (encargado de manejarle los negocios), Alejandro Mira Loaiza (en la Secretaría lo ven como si fuera el propio Corredor, él quita y pone contratistas), y Santiago Botero Pineda (encargado de las bases de datos, de las encuestas y de las redes sociales). Los cuatro se conocen desde la secundaria cuando pasaron por el colegio.

Tanto Mira como Botero han tenido contratos. Mira con el Pascual Bravo, el Municipio de Sabaneta y el Colegio Mayor de Antioquia por $219 millones entre 2020 y 2022. Y Botero, según las fuentes, tiene un contrato como coordinador de bilingüismo de la Secretaría de Educación, pero está dedicado de lleno a la campaña.

Pero también están en esa primera línea Lina García Gañán, a quien Corredor puso como cabeza de su lista cerrada al Concejo para las elecciones. Y Alexandra Agudelo, hasta hace poco secretaria de Educación, y cuando la Fiscalía le dictó medida de aseguramiento por irregularidades en contratación, aterrizó sin pena ni gloria como gerente de la campaña de Corredor. La Fiscalía General acaba de presentar su escrito de acusación contra Agudelo.

En un tercer nivel de la pirámide están los líderes de grupo, que pueden ser unos 30 y les corresponde garantizar que los contratistas que están bajo su paraguas cumplan todas las tareas que les imponen de la campaña. “Alejandro Mira tiene en su computador una lista con todos los contratistas de la Secretaría, pero él no alcanza a estar pendiente de si cada uno de los casi 1.000 contratistas que maneja recogió las firmas o llevó a los eventos la gente que se les pidió y por eso tiene ese grupo de líderes de equipos para poder hacer el control”, explica una de las fuentes.

Entre otros coordinadores están Dayan Marulanda, Mayra Giselle Martínez, Óscar Pasos, Carolina Castro, Alexander y Joaquín Arias, todos contratistas, funcionarios o cercanos a la Secretaría que van de puesto en puesto y de chat en chat amenazando: “Marica, no has vuelto a los eventos, si no vas te echan, te vas pa´ la calle a comer mierda”, les dicen en la oficina o en los colegios. “Agéndense esta semana que ya estamos en la recta final de la campaña y necesitamos la colaboración de todos, todos los días”, les escribe la líder del grupo de Whatsapp de cada comuna. Al inicio de cada semana, la coordinadora de cada grupo de Whatsapp les envía un mensaje motivacional, les recuerda la importancia de su participación en la campaña y envía un formulario con los horarios y los eventos de cada día para que cada uno vote a cuáles va a ir. La jornada empieza a las 5 o 6 de la mañana con volanteos en los bajos de las estaciones del Metro y termina a las 6 de la tarde pegando microperforados y pendones. Al mediodía puede haber un debate al que tienen que ir a corear a Corredor o algún otro evento de campaña en el Censa, que es la casa del candidato.

Pero no basta con decir que van a asistir. Cada contratista debe enviar al grupo de Whatsapp las evidencias de su trabajo, fotos entregando periódicos, videos de los debates. Mientras atiende una entrevista a uno le llega una notificación al celular: el periodista Ricardo Ospina, de Blu Radio, acaba de publicar una encuesta en Twitter en la que pregunta, ¿por quién votaría el próximo 29 de octubre para alcalde o alcaldesa de Medellín? “Muchachos, por favor todos a votar en esta encuesta. Si pueden, por favor háganlo dos veces o desde varios celulares. Me mandan pantallazo por aquí cuando voten”, decía el mensaje. El resultado final de la encuesta dio como ganador a Albert Corredor con el 44,7%. “Muy bien muchachos, felicitaciones”.

Los echan por no dar “me gusta”

“Desde que uno llega le piden llenar un formulario donde debe escribir cuáles son sus cuentas en todas las redes sociales para después ellos verificar que uno si está dando “me gusta”, haciendo “repost” o un comentario positivo a los mensajes que ellos ordenan. Si uno no da el ‘like’ el coordinador pasa un reporte negativo a Alejandro Mira y este lo saca a uno o no le renueva el contrato. Eso funciona como la gestapo”.

“También es obligatorio llevar gente a eventos. Toca registrar en un formulario electrónico a los acompañantes. Luego uno llega al evento, se tiene que tomar la foto con la cuota que llevó y la manda al grupo de WhatsApp como prueba de que hizo la tarea”.

“Y mientras tanto, un equipo se pasa todo el día metido en sus computadores verificando que las personas sí monten sus referidos, las fotos, todo eso. Santiago Botero se encarga de verificar que ninguno de los líderes haga trampa y se haga el loco con algún contratista que no cumpla la tarea. Si lo pillan encubriendo la falla de alguien, entonces sacan al coordinador”.

Diciembre fue un infierno

“Diciembre fue un infierno para nosotros. Corredor decidió que para ser alcalde necesitaba mostrar músculo en las calles y entonces montaron los sancochos. Fueron como doce. Nos tocaba ir hasta donde se hiciera, el día que fuera, llevar al evento cinco personas, ayudar en la logística, repartir sancochos, natilla y entregar regalos”.

“En Villa Hermosa fue mucha gente, por ahí 5.000 personas. Decían que el clamor popular, pero la verdad era gente obligada, con familiares que decían si yo no acompaño a mi hermano, a mi primo, a mi tío, pierde el trabajo.”

Han tenido que trabajar haciendo de todo: recogiendo firmas, repartiendo periódicos, construyendo bases de datos. Últimamente los han puesto a trabajar como un call center: les pasan listas con nombres y datos de personas (que ellos mismos recolectaron) y los ponen a llamar, con guión en mano, para confirmar apoyos y asistencias a los eventos. “No podemos decir el nombre de Corredor, pero decimos que somos del equipo Medellín Nos Une, preguntamos que si pueden asistir a cualquier evento y que cuántas personas van a llevar, después anotamos todo eso en el sistema”, explican.

Y también han georeferenciado el lugar donde viven para que acompañen a trotar a Albert Corredor en las mañanas o para que le presten su casa para entrar y ducharse, y así dar una idea de que el candidato, que vive en el alto de Palmas, está conectado con los barrios y la gente. De manera que los contratistas tienen dos opciones: o dejan de ir a trabajar para cumplir con la apretada agenda de Corredor, o pagan para que algún ventero ambulante les haga el trabajo. Algunos se gastaron hasta $300.000 recogiendo las 300 firmas que le exigieron a cada uno llevar, o pagan a $20.000 la repartida de periódicos. “Son muy ingenuos. Uno se toma la foto repartiendo dos o tres periódicos y después va y los bota en algún lado”, dice uno de los testimonios.

Sacaron a 40 de un tajo

“Se pusieron más exigentes al comienzo de 2023 cuando empezaron a recoger firmas. A todos nos tocaba ir a las capacitaciones de recolección de firmas. Cuando llegaron las plantillas, cada uno tenía que ir a recoger las suyas a la sede de Corredor. Si no iba a la capacitación, lo echaban. Si no iba por las planillas, también. Después, nos dijeron que cada uno debía cumplir con 300 firmas y uno las llevaba y Santiago Botero las pasaba por un software para ver si eran válidas. Si las firmas no eran válidas también lo echaban a uno. Eso parecía la inquisición”.

Y anota otro: “Para mandar un mensaje contundente Corredor y Mira decidieron sacar a 40 contratistas de tajo. Eso fue como el 2 de junio, antes de entregar las firmas a la Registraduría. Tal vez para que la gente no fallara al evento de ese día”.

“Mientras volvían a contratar esos 40, esos puestos quedaron vacantes. Los colegios quedaron sin psicólogos un mes o un mes y medio simplemente porque no les pareció que estaban haciendo bien la tarea electoral”.

Desde que Corredor empezó su campaña a la Alcaldía repartiendo regalos, sancochos y natillas en los barrios más populares de Medellín, el trabajo de cientos de psicólogos, abogados, secretarias, bibliotecarias, auxiliares, contadores de la Secretaría de Educación se convirtió en ayudarlo a llegar al piso 12 de La Alpujarra. En el poco tiempo libre que les queda atienden a los estudiantes, profesores y rectores de las 229 instituciones educativas de la ciudad. Dicen vivir con miedo y no poder dormir tranquilos. La semana pasada les extendieron el contrato hasta el 26 de octubre, justo hasta el jueves antes del día de elecciones. Sin duda, para mantener a los contratistas bajo presión.

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