El 2 de marzo de 2008, Dubán Alexis Osorio Espinosa, un joven habitante del barrio Manrique, salió de su casa para poner la denuncia en la inspección del barrio por la pérdida de su cédula, requisito que para entonces era necesario para poder tramitar el nuevo documento. Pero nunca volvió a su casa.
Tres días después de su desaparición, su prima recibió una llamada de un agente del CTI que le informó que necesitaban la presencia de la familia en Duitama, Boyacá, pues los requerían para reconocer el cadáver de Dubán, que había sido reportado como guerrillero muerto en combate con el Ejército en la vereda Santa Bárbara, en el también municipio boyacense de Tasco.
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Tan pronto llegaron a Boyacá a reconocer a su ser querido, el mismo agente del CTI les advirtió las irregularidades de los supuestos hechos en los que había sido asesinado el joven. La primera de todas era que, según la versión del Ejército, el muchacho de 21 años había caído en medio de un presunto combate armado en el que él había atacado a los uniformados. Sin embargo, el montaje era a todas luces burdo pues una mera inspección ocular permitió comprobar que los supuestos disparos con los que Dubán atacó a los soldados habían sido disparados desde el interior del vehículo, es decir, por los mismos uniformados.
Pero, además, en medio de las pesquisas forenses, corroboraron que el joven no tenía rastro alguno de pólvora en sus manos, por lo que era imposible que hubiese disparado un arma.
Para completar, en el mismo supuesto enfrentamiento en el que mataron a Dubán, el Ejército reportó como “baja en combate” a un menor de edad con síndrome de Down.
Desorientada ante la brutalidad y sinsentido de semejante crimen contra su ser querido, la familia intentó buscar justicia: primero instauró una denuncia en Fiscalía en Santa Rosa de Viterbo días después del crimen, el 8 de marzo.
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Pero en la Fiscalía no movieron un dedo y le remitieron el caso a la Justicia Penal Militar, que siete años después, en diciembre de 2015, resolvió que no existía mérito suficiente para acusar a los militares involucrados, por el delito de homicidio y simplemente cerró el caso.
Tampoco movió un solo dedo la Procuraduría, que en medio de una investigación disciplinaria exprés aseguró, en diciembre de ese mismo año, no encontrar mérito para seguir investigando a los uniformados y ordenó cerrar el archivo.
Tortuoso camino a la justicia
En febrero de 2010, la madre de Dubán, así como sus dos hermanos y una prima demandaron al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional por los daños y perjuicios causados por el asesinato de un joven que, entre otras cosas, era quien proveía el ingreso económico en su hogar trabajando como vendedor ambulante. Las demandantes le solicitaron a la justicia ordinaria la reparación integral por daños morales y materiales por lucro cesante.
Después de apelaciones por parte del Ejército, en medio de las cuales incurrió en revictimización contra Dubán y su familia al seguir sosteniendo que era un guerrillero caído en combate, el Consejo de Estado falló en última instancia y, tras condenar a la Nación, le ordenó al Ejército y al Ministerio de Defensa a indemnizar a la madre de la víctima, al hermano y a su prima.
El alto tribunal le exigió también al Ministerio de Defensa y al Ejército que, como parte de una reparación integral, deberán ofrecer una disculpa pública en la que reconozcan que Dubán fue asesinado por el Ejército y que no era ningún guerrillero, como parte del resarcimiento por los daños causados al buen nombre de la familia, en su círculo social y laboral.
Pero, además, los condenados no podrán hacer esta disculpa como lo consideren unilateralmente sino que en un plazo de un mes que ya empezó a correr deberán concertar con la familia, si es que ellos quieren, que también ese acto de disculpas se haga a través de plataformas digitales.
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No obstante el fallo a favor, el abogado Javier Villegas Posada, que representó a la familia durante 17 años del largo proceso, rechazó la impunidad que reinó en la responsabilidad individual de los homicidas de Dubán.
“Los militares involucrados en los hechos fueron exonerados de responsabilidad, tanto por la justicia penal militar como por las entidades disciplinarias encargadas, lo que dejó este gravísimo delito de Lesa Humanidad en la más absoluta impunidad. Ni siquiera tuvieron que acogerse al manto de impunidad de la JEP”, señaló el penalista.
Por la violación a las garantías y a la protección judicial, Villegas Posada, en defensa de la familia, presentó una denuncia en noviembre de 2023 ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por violación a los derechos a la vida, la integridad personal, la libertad, las garantías judiciales, la protección judicial y la protección de la honra y de la dignidad.
Año clave para la justicia
Dos décadas después de que comenzaran a ejecutarse sistemáticamente los llamados falsos positivos en Antioquia, por fin este año la JEP logró avances también sistemáticos para otorgar justicia, verdad y reparación a las familias de las víctimas.
Hace tres meses la JEP emitió el segundo acto de determinación de hechos y conductas del subcaso Antioquia, referido a los asesinatos y desapariciones forzadas en el departamento entre los años 2004 y 2007, que fueron atribuidos a exintegrantes de la Cuarta Brigada del Ejército. En el mismo, el alto tribunal imputó crímenes de guerra y lesa humanidad de homicidio y desaparición forzada a cuatro generales, 25 oficiales y 10 suboficiales que integraron dicha brigada del Ejército. Esto, por su presunta responsabilidad en 442 “falsos positivos” en Antioquia, de los cuales 26 fueron en contra de víctimas menores de edad.
En las audiencias se conocieron hechos aberrantes, como que los reclutadores en Antioquia cobraban entre $2 y $3 millones por entregar cada víctima. Eso valía para el Ejército y sus oficiales la vida de los jóvenes que engañaban y desaparecían de los barrios y pueblos para engañar al país haciéndole creer que estaban ganando una guerra sumando muertos.
