La Procuraduría abrió Indagación previa para determinar si los funcionarios del Área Metropolitana del Valle de Aburrá que tuvieron que ver con la cuestionada contratación por cerca de $32.000 millones con varias organizaciones sin ánimo de lucro entre los años 2020 y 2022 incurrieron en conductas sancionables.
A principios de abril pasado, EL COLOMBIANO denunció que ni siquiera la intervención de la Casa de Nariño había podido hacer mover las denuncias por presunta corrupción dentro del Área, pues aun después de que las denuncias al respecto habían llegado a la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República pasó nada.
Esa entidad nacional le envió el expediente a la Comisión Regional de Moralización de Antioquia, donde tienen asiento la Contraloría de Medellín y de Antioquia, Procuraduría y la Fiscalía a mediados del año pasado, las mismas que paradójicamente no habían mostrado ninguna actuación sobre el tema.
Los contratos cuestionados se otorgaron sin apertura de concurso a las entidades Tenarco, Arca y Acopi.
La apertura de investigación que ahora hace la Provincial de Instrucción del Valle de Aburrá se refiere específicamente a los contratos de asociación suscritos con la Fundación Tenarco, por un monto superior a $6.500 millones y en los cuales la mencionada entidad no habría hecho el aporte al que estaba obligada, además de que habría compras en efectivo y sin soporte, “hechos que al parecer involucran al director Palacio (Juan David Palacio), al subdirector Villada (Álvaro Villada) y al señor Jorge Usme como gerente de Tenarco”, según dice la resolución de la Procuraduría del jueves pasado.
También comprende los convenios con Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas) de septiembre de 2020 a enero de 2021 por casi $8.000 millones.
Igualmente, están los contratos con Arca en los cuales una auditoría interna del Área halló posibles irregularidades como el parentesco de un funcionario del Área con un directivo de esa organización -lo que pudo haber generado favorecimientos- y transferencias por $34.740 millones a un centro de estudios que comparte el mismo nit y directivos, entre otras.
La Procuraduría Provincial indagará además si la jefe de proyectos del Área Metropolitana, María Camila Salcedo, fue nombrada acomodando el perfil del cargo a su experiencia.
