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Ecoturismo en Parques Nacionales divide sus aguas

  • El PNN Chingaza, que hoy es epicentro de debate, es vital para garantizar la disponibilidad de agua en Bogotá y Cundinamarca. FOTO: COLPRENSA
    El PNN Chingaza, que hoy es epicentro de debate, es vital para garantizar la disponibilidad de agua en Bogotá y Cundinamarca. FOTO: COLPRENSA
Ecoturismo en Parques Nacionales divide sus aguas
Publicado el 13 de agosto de 2021

Ambientalistas y organizaciones comunitarias chocan con las decisiones tomadas por la entidad.

El final abrupto del vínculo entre la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco y el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, considerado como un exitoso proceso de ecoturismo comunitario en el país, puso a la dirección de Parques Nacionales, en cabeza de Orlando Molano desde diciembre pasado, en el centro del debate del sector ambiental en las últimas semanas.

Después de más de una década administrando esta área protegida, tiempo en el cual se hizo merecedora del Premio Nacional de Turismo Sostenible (2013) y posicionó en 2014 al Santuario entre los 100 destinos más sostenibles del mundo por el Consejo Global de Turismo Sostenible, el pasado 7 de julio Yarumo Blanco entregó el área tras el vencimiento del contrato y la imposibilidad de aceptar las nuevas condiciones planteadas por parte de la entidad, según señala Jaime Andrés Loaiza, integrante de la junta directiva de la Asociación.

“Nos propusieron que les diéramos el 10 % de las ventas brutas, nuestra contrapropuesta fue que acordáramos en 5 %, una cifra compleja para nosotros porque aún en 2017, siendo nuestro mejor año, el 96 % de las ventas brutas fue para gastos operativos porque buscamos que la sostenibilidad financiera repercutiera en mejores condiciones para las 50 familias que alcanzaron a trabajar con nosotros. El 3 % fue para la Asociación y el 1 % para Parques (cerca de $9 millones)”.

Loaiza apunta que si bien el ecoturismo en Otún-Quimbaya no representaba importantes ingresos para Parques, y que es válido el interés por hallar mayores fuentes de financiación, la importancia del proyecto, tal como la misma entidad lo manifestó en informes y balances durante esta década, radicaba en la posibilidad de tener un referente exitoso de conservación ecológica y desarrollo social y económico en un área protegida.

Las dudas en Chingaza
Luego de este hecho, la polémica continuó tras la denuncia del exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, quien señaló que Parques Nacionales pretendería cancelar el contrato con Corpochingaza, otra iniciativa comunitaria, pese a tener por 5 años más a cargo de la actividad en el PNN Chingaza, al tiempo que la entidad adelantaría la construcción de un ecohotel, aun cuando la normativa prohíbe la infraestructura hotelera al interior de Parques.

Ante la versión del exministro, que incluyó planos del mencionado proyecto y la ampliación de la infraestructura de alojamiento actual para lograr una capacidad total de hospedaje de 350 personas, Parques aseguró que no correspondía a la “propuesta real”, la cual, en esencia, consistía solo en un mejoramiento de las instalaciones que se encuentran en deterioro.

La directora de Corpochingaza, Jenny Romero, respondió a este medio que “efectivamente es necesario una mejora en las instalaciones”, pero defendió la labor de mejoramiento en las áreas bajo administración de la Coporación (alojamientos), tarea que ha adelantado con ayuda de la Embajada alemana.

Consultados sobre estos temas, desde Parques manifestaron que los contratos de ecoturismo comunitario, incluyendo el de Corpochingaza, “están bajo análisis para revisar cumplimientos (en este caso) y cuáles están vencidos o próximos a vencerse”.

Sobre el tema, el director Molano le aseguró a Blu Radio, que no se ejecutará ningún proyecto que incumpla la normativa en Parques y que el interés de la entidad es remodelar espacios que, en el caso de Chingaza, tienen más de 30 años sin adecuación alguna, factor que él considera fundamental para garantizar una buena experiencia de los visitantes a un área que, además reiteró, lleva casi tres décadas con variada oferta ecoturística.

Sobre los contratos de organizaciones, Molano había declarado meses atrás que aunque reconocía la participación comunitaria en la prestación del servicio, su administración quería garantizar que los ingresos por entrada a Parques tuvieran un mayor porcentaje para destinación de mejoramiento de infraestructura y para el manejo general de las áreas protegidas.

La participación comunitaria
De 59 Parques Nacionales, 36 tienen vocación ecoturística, pero actualmente solo en 17 se desarrolla esta actividad. Entre 2008 y 2018, 9 programas de ecoturismo comunitario generaron $7.077 millones para beneficio de las organizaciones y personas de la comunidad.

El último informe del Comportamiento de visitantes a áreas protegidas –AP–, señala que ocho programas de ecoturismo comunitario (en Chingaza, Corales del Rosario, Cuevas de los Guacharos, Cocuy, Nevados, Utría, Iguaque y Otún Quimbaya) llevaron 1.410.835 visitantes en 2019, el 73,3 % del total de turistas en Parques ese año.

Sumando el balance de 2018, llegaron a estos ocho destinos 2.691.507 visitantes, balance satisfactorio, tanto en cifras como en experiencia, según lo indicado entonces por la entidad, que precisó en el informe que incluso pudo ser mejor de no ser porque cinco de esos ocho contratos vencieron entre dichos periodos.

Justamente estas organizaciones estaban en proceso de estructuración de nuevos contratos con la administración pasada de Parques, liderada por Julia Miranda, cuando llegó la pandemia en marzo de 2020 y siete meses después se produjo el cambio de dirección en la entidad frenando dichos procesos.

Actualmente tienen contrato vigente los programas en Corales, Chingaza, Cocuy, Nevados y Los Guacharos. Consultados por la situación actual, dos líderes de estas organizaciones manifestaron que si bien no han recibido información por parte de Parques sobre cambios en sus políticas, están preocupados por dos razones: primero, porque consideran que la salida de Yarumo Blanco, el paradigma de ecoturismo, es un mal precedente. Segundo, porque aseguran que desde hace varios años hay un choque de intereses alrededor del potencial turístico en áreas protegidas que la dirección anterior había logrado mantener al margen y que temen que se migre finalmente hacia un turismo a gran escala que deje por fuera a las comunidades.

Más allá de la rentabilidad
En la construcción de la Política para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –Sinap– 2021-2030, que actualmente cuenta con un documento borrador, el diagnóstico integral de la situación del Sinap arroja, entre otros aspectos, deficiencia en la gestión y gobernanza, limitaciones al desarrollo de quienes habitan o hacen uso de áreas protegidas públicas, inequitativo acceso a los beneficios que proveen estas áreas y débil financiación.

Daniel Gómez, subdirector del DNP, encargado del Conpes para otorgarle dientes y recursos a esta nueva política pública, sostuvo que el documento se trabaja pensando en la necesidad de “aumentar los ingresos a las áreas protegidas para hacer un manejo efectivo”. Pero, aclaró que “esto no se plantea afectando a las comunidades y mucho menos a quienes ayudan a la conservación”.

Voces críticas del sector ambiental señalan que el Gobierno Nacional no está leyendo de manera integral las problemáticas detectadas en el Sinap y por ende las soluciones requeridas.

Cerca de 22.371 personas habitan en 56 áreas del Sistema de Parques Nacionales; 23 áreas están traslapadas con resguardos indígenas, nueve colindan con territorios colectivos de comunidades negras y siete más están relacionadas con comunidades afrocolombianas sin título colectivo. Solo el 12 % de los Parques se ubica cerca a grandes ciudades o centros poblados con cobertura de servicios y oferta laboral. El otro 88 % se halla en territorios donde convergen altas tasas de pobreza y limitaciones para el uso productivo de la tierra por las restricciones contempladas en áreas protegidas.

Esta conflictividad socioambiental propicia, explica Sandra Vilardy, directora de Parques Cómo Vamos, presiones sobre estas áreas por fenómenos como la explotación ilegal de recursos, ganadería extensiva, ampliación de la frontera agrícola, entre otros. “Las comunidades tienen un conocimiento muy valioso sobre el territorio, sus recursos y usos, pero la inequidad frente al acceso a las contribuciones que brinda la naturaleza, en este caso, a través del ecoturismo, compromete la efectiva conservación de la biodiversidad”, expone.

La bióloga marina y docente reitera que el ecoturismo tiene como objetivos la conservación y la pedagogía, no el lujo ni la rentabilidad.

En el caso específico de Chingaza, el Sindicato de trabajadores de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones en Colombia –Sintraemsdes– rechazó el interés manifiesto de alcanzar los 85.000 visitantes anuales (en 2017 llegó a tener 29.000)

Manuel Rodríguez dice que el incremento de infraestructura y demanda turística tiene altos riesgos ecológicos. El páramo de Chingaza, situado al interior del Parque, abastece el agua a Bogotá y buena parte de Cundinamarca.

De hecho, un documento de la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de la entidad desarrollado en 2013, señala que de 19 Parques Nacionales proviene el agua que abastece a 25 millones de colombianos, lo cual se estima que aporta 491 millones de dólares por adicionalidad hídrica en el sector doméstico. También se calcula que 50 % de la energía hidroeléctrica producida en Colombia proviene del Sistema de Parques, lo que contempla un aporte 502 millones de dólares por adicionalidad hídrica en el sector energético. Sin embargo, de acuerdo al informe de gestión con corte a marzo de 2021, los ingresos de transferencias del sector eléctrico ascienden a $899 millones, con una participación del 28,68 % en los ingresos corrientes de la entidad, frente a los $2.231 millones (71,15 %) por derechos de ingresos a áreas protegidas.

De estas cifras, según Rodríguez, se desprenden varias conclusiones: que el país subestima todas las contribuciones que hacen los Parques Nacionales; que es necesario asignar mayores responsabilidades a ministerios y sectores productivos frente a las retribuciones requeridas para la garantizar la conservación de áreas protegidas y que la entidad se equivoca en buscar necesarios recursos en el ecoturismo y no ampliar la gestión a frentes con verdadero potencial para aportar financiación

El final abrupto del vínculo entre la Asociación Comunitaria Yarumo Blanco y el Santuario de Fauna y Flora Otún Quimbaya, considerado como un exitoso proceso de ecoturismo comunitario en el país, puso a la dirección de Parques Nacionales, en cabeza de Orlando Molano desde diciembre pasado, en el centro del debate del sector ambiental en las últimas semanas.

Después de más de una década administrando esta área protegida, tiempo en el cual se hizo merecedora del Premio Nacional de Turismo Sostenible (2013) y posicionó en 2014 al Santuario entre los 100 destinos más sostenibles del mundo por el Consejo Global de Turismo Sostenible, el pasado 7 de julio Yarumo Blanco entregó el área tras el vencimiento del contrato y la imposibilidad de aceptar las nuevas condiciones planteadas por parte de la entidad, según señala Jaime Andrés Loaiza, integrante de la junta directiva de la Asociación.

“Nos propusieron que les diéramos el 10 % de las ventas brutas, nuestra contrapropuesta fue que acordáramos en 5 %, una cifra compleja para nosotros porque aún en 2017, siendo nuestro mejor año, el 96 % de las ventas brutas fue para gastos operativos porque buscamos que la sostenibilidad financiera repercutiera en mejores condiciones para las 50 familias que alcanzaron a trabajar con nosotros. El 3 % fue para la Asociación y el 1 % para Parques (cerca de $9 millones)”.

Loaiza apunta que si bien el ecoturismo en Otún-Quimbaya no representaba importantes ingresos para Parques, y que es válido el interés por hallar mayores fuentes de financiación, la importancia del proyecto, tal como la misma entidad lo manifestó en informes y balances durante esta década, radicaba en la posibilidad de tener un referente exitoso de conservación ecológica y desarrollo social y económico en un área protegida.

Las dudas en Chingaza

Luego de este hecho, la polémica continuó tras la denuncia del exministro de Ambiente, Manuel Rodríguez, quien señaló que Parques Nacionales pretendería cancelar el contrato con Corpochingaza, otra iniciativa comunitaria, pese a tener por 5 años más a cargo de la actividad en el PNN Chingaza, al tiempo que la entidad adelantaría la construcción de un ecohotel, aun cuando la normativa prohíbe la infraestructura hotelera al interior de Parques.

Ante la versión del exministro, que incluyó planos del mencionado proyecto y la ampliación de la infraestructura de alojamiento actual para lograr una capacidad total de hospedaje de 350 personas, Parques aseguró que no correspondía a la “propuesta real”, la cual, en esencia, consistía solo en un mejoramiento de las instalaciones que se encuentran en deterioro.

La directora de Corpochingaza, Jenny Romero, respondió que “efectivamente es necesario una mejora en las instalaciones”, pero defendió la labor de mejoramiento en las áreas bajo administración de la Coporación (alojamientos), tarea que ha adelantado con ayuda de la Embajada alemana.

Consultados sobre estos temas, desde Parques manifestaron que los contratos de ecoturismo comunitario, incluyendo el de Corpochingaza, “están bajo análisis para revisar cumplimientos (en este caso) y cuáles están vencidos o próximos a vencerse”.

Sobre el tema, el director Molano le aseguró a Blu Radio, que no se ejecutará ningún proyecto que incumpla la normativa en Parques y que el interés de la entidad es remodelar espacios que, en el caso de Chingaza, tienen más de 30 años sin adecuación alguna, factor que él considera fundamental para garantizar una buena experiencia de los visitantes a un área que, además reiteró, lleva casi tres décadas con variada oferta ecoturística.

Sobre los contratos de organizaciones, Molano había declarado meses atrás que aunque reconocía la participación comunitaria en la prestación del servicio, su administración quería garantizar que los ingresos por entrada a Parques tuvieran un mayor porcentaje para destinación de mejoramiento de infraestructura y para el manejo general de las áreas protegidas.

No obstante, a pesar de reiteradas solicitudes públicas para que Parques aclare información sobre lo que piensa hacer en Chingaza y en general sobre el futuro del ecoturismo en áreas protegidas, sin que la entidad se haya pronunciado de fondo al respecto. El 3 de agosto el congresita Juan Carlos Losada radicó un derecho de petición para solicitar claridad al respecto sin anunciar respuesta hasta ahora.

La participación comunitaria

De 59 Parques Nacionales, 36 tienen vocación ecoturística, pero actualmente solo en 17 se desarrolla esta actividad. Entre 2008 y 2018, 9 programas de ecoturismo comunitario generaron $7.077 millones para beneficio de las organizaciones y personas de la comunidad.

El último informe del Comportamiento de visitantes a áreas protegidas –AP–, señala que ocho programas de ecoturismo comunitario (en Chingaza, Corales del Rosario, Cuevas de los Guacharos, Cocuy, Nevados, Utría, Iguaque y Otún Quimbaya) llevaron 1.410.835 visitantes en 2019, el 73,3 % del total de turistas en Parques ese año.

Sumando el balance de 2018, llegaron a estos ocho destinos 2.691.507 visitantes, balance satisfactorio, tanto en cifras como en experiencia, según lo indicado entonces por la entidad, que precisó en el informe que incluso pudo ser mejor de no ser porque cinco de esos ocho contratos vencieron entre dichos periodos.

Justamente estas organizaciones estaban en proceso de estructuración de nuevos contratos con la administración pasada de Parques, liderada por Julia Miranda, cuando llegó la pandemia en marzo de 2020 y siete meses después se produjo el cambio de dirección en la entidad frenando dichos procesos.

Actualmente tienen contrato vigente los programas en Corales, Chingaza, Cocuy, Nevados y Los Guacharos. Consultados por la situación actual, dos líderes de estas organizaciones manifestaron que si bien no han recibido información por parte de Parques sobre cambios en sus políticas, están preocupados por dos razones: primero, porque consideran que la salida de Yarumo Blanco, el paradigma de ecoturismo, es un mal precedente. Segundo, porque aseguran que desde hace varios años hay un choque de intereses alrededor del potencial turístico en áreas protegidas que la dirección anterior había logrado mantener al margen y que temen que se migre finalmente hacia un turismo a gran escala que deje por fuera a las comunidades.

Más allá de la rentabilidad

En la construcción de la Política para la consolidación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas –Sinap– 2021-2030, que actualmente cuenta con un documento borrador, el diagnóstico integral de la situación del Sinap arroja, entre otros aspectos, deficiencia en la gestión y gobernanza, limitaciones al desarrollo de quienes habitan o hacen uso de áreas protegidas públicas, inequitativo acceso a los beneficios que proveen estas áreas y débil financiación.

Daniel Gómez, subdirector del DNP, encargado del Conpes para otorgarle dientes y recursos a esta nueva política pública, sostuvo que el documento se trabaja pensando en la necesidad de “aumentar los ingresos a las áreas protegidas para hacer un manejo efectivo”. Pero, aclaró que “esto no se plantea afectando a las comunidades y mucho menos a quienes ayudan a la conservación”.

Voces críticas del sector ambiental señalan que el Gobierno Nacional no está leyendo de manera integral las problemáticas detectadas en el Sinap y por ende las soluciones requeridas.

Cerca de 22.371 personas habitan en 56 áreas del Sistema de Parques Nacionales; 23 áreas están traslapadas con resguardos indígenas, nueve colindan con territorios colectivos de comunidades negras y siete más están relacionadas con comunidades afrocolombianas sin título colectivo. Solo el 12 % de los Parques se ubica cerca a grandes ciudades o centros poblados con cobertura de servicios y oferta laboral. El otro 88 % se halla en territorios donde convergen altas tasas de pobreza y limitaciones para el uso productivo de la tierra por las restricciones contempladas en áreas protegidas.

Esta conflictividad socioambiental propicia, explica Sandra Vilardy, directora de Parques Cómo Vamos, presiones sobre estas áreas por fenómenos como la explotación ilegal de recursos, ganadería extensiva, ampliación de la frontera agrícola, entre otros. “Las comunidades tienen un conocimiento muy valioso sobre el territorio, sus recursos y usos, pero la inequidad frente al acceso a las contribuciones que brinda la naturaleza, en este caso, a través del ecoturismo, compromete la efectiva conservación de la biodiversidad”, expone.

La bióloga marina y docente reitera que el ecoturismo tiene como objetivos la conservación y la pedagogía, no el lujo ni la rentabilidad.

En el caso específico de Chingaza, el Sindicato de trabajadores de las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y de telecomunicaciones en Colombia –Sintraemsdes– rechazó el interés manifiesto de alcanzar los 85.000 visitantes anuales (en 2017 llegó a tener 29.000)

Manuel Rodríguez dice que el incremento de infraestructura y demanda turística tiene altos riesgos ecológicos. El páramo de Chingaza, situado al interior del Parque, abastece el agua a Bogotá y buena parte de Cundinamarca.

De hecho, un documento de la Subdirección de Sostenibilidad y Negocios Ambientales de la entidad desarrollado en 2013, señala que de 19 Parques Nacionales proviene el agua que abastece a 25 millones de colombianos, lo cual se estima que aporta 491 millones de dólares por adicionalidad hídrica en el sector doméstico. También se calcula que 50 % de la energía hidroeléctrica producida en Colombia proviene del Sistema de Parques, lo que contempla un aporte 502 millones de dólares por adicionalidad hídrica en el sector energético. Sin embargo, de acuerdo al informe de gestión con corte a marzo de 2021, los ingresos de transferencias del sector eléctrico ascienden a $899 millones, con una participación del 28,68 % en los ingresos corrientes de la entidad, frente a los $2.231 millones (71,15 %) por derechos de ingresos a áreas protegidas.

De estas cifras, según Rodríguez, se desprenden varias conclusiones: que el país subestima todas las contribuciones que hacen los Parques Nacionales; que es necesario asignar mayores responsabilidades a ministerios y sectores productivos frente a las retribuciones requeridas para la garantizar la conservación de áreas protegidas y que la entidad se equivoca en buscar necesarios recursos en el ecoturismo y no ampliar la gestión a frentes con verdadero potencial para aportar financiación.

Infográfico
$163
mil millones es el presupuesto total de Parques Nacionales en 2021.
Juan Felipe Zuleta Valencia

Soy periodista porque es la forma que encontré para enseñarle a mi hija que todos los días hay historias que valen la pena escuchar y contar.


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