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El reto de llevar los derechos de la naturaleza del dicho al hecho
Cuatro años después del fallo en favor del Atrato hay jurisprudencia robusta pero muchas deudas de cumplimiento.
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Panorámica aérea del río Atrato, la selva y sus afluentes en límites entre Chocó y Antioquia. Foto: Esteban Vanegas Londoño
Antes de que la histórica sentencia T-622 de 2016 de la Corte Constitucional viera la luz, el Ganges en India y el Whanganui en Nueva Zelanda eran los únicos ríos en el mundo que tenían derechos reconocidos. Por eso el fallo que le entregó al Atrato personalidad jurídica fue un hito con repercusión mundial.
“Lo que hizo la Corte fue decirle al Estado, mire, por su omisión para cumplir con su obligación de proteger los derechos y recursos naturales del territorio y a su población, y articular con las entidades competentes para lograrlo, la justicia le dice qué debe hacer y los tiempos para cumplirlo”, explica el senador Juan Luis Castro, uno de los promotores de otra tutela que terminó con sentencia similar, esta vez hacia el río Cauca.
Mejor dicho, lo que sucedió con esta sentencia y las posteriores, es que la justicia reconoció que estos ríos y ecosistemas son entidades vivas y, como tal, el Estado debe garantizar que sus derechos se cumplan a cabalidad, igual como debe hacerlo con cualquier ciudadano colombiano.
Tras el fallo en favor del Atrato, en noviembre de 2016, llegaron en cadena los de la Amazonia (abril de 2018), páramo del Pisba (agosto de 2018), ríos Combeima, Cocora y Coello (junio de 2019), río Cauca (junio de 2019), ecosistemas estratégicos del departamento de Nariño (julio de 2019), río Otún (septiembre de 2019), río Magdalena (octubre de 2019), río Quindío (diciembre de 2019) y Parque Isla de Salamanca (junio de 2020).
Para un gran número de defensores ambientales consultados, la jurisprudencia que está construyendo el país en derecho ambiental es fundamental para enfrentar los problemas para los cuales la insitucionalidad, tal cual es hoy, no tiene herramientas suficientes para solucionarlos. Sin embargo, hay sectores posiciones que guardan escepticismo respecto a este mecanismo.
Para Gustavo Guerrero Ruiz, director del Centro de Estudios en Política y Legislación Ambiental de Colombia –Ceplac–, esta ola de sentencias en los últimos cuatro años, han trazado una ruta simbólica que refleja la importancia de haber pasado de una justicia antropocéntrica (centrada en el hombre) a una biocéntrica (que reivindica el papel de la naturaleza).
Sin embargo, para el abogado y docente este mecanismo no ha podido resolver “lo que se espera de una verdadera justicia ambiental y es el asunto de la efectividad”.
Y aunque piensa que la materialización de proyectos en beneficio de los recursos naturales y los territorios es posible con voluntad política, sí considera evidentes los problemas de coordinación entre entidades, de control y gestión de las mismas y, sobre todo, de recursos.
Y en ese último aspecto menciona una situación que retrata fielmente las dificultades del sector ambiental para lograr la financiación necesaria para ejecutar proyectos y lograr una aplicación efectiva, entre otras, de estas sentencias mencionadas.
“El impuesto al carbono (pensado para entregar cerca de 1,3 billones de pesos anuales al sector ambiental), terminó diluido en una maraña burocrática”, dice Guerrero, en mención a unos recursos que hoy son objeto de disputa entre Minhacienda y Minambiente.
Además de esto, las organizaciones que desde la investigación y la academia apoyan la labor ambiental en el país claman por una reforma de la política pública ambiental y el Sistema Nacional Ambiental –Sina–.
El Sina surgió a partir de la Ley 99 de 1993, y está conformado por Minambiente, el Sistema de Parques Nacionales Naturales –Sinap–, las corporaciones autónomas y las instituciones de investigación.
Según han opinado expertos como el exministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, el Sina tiene vacíos en su conformación que facilita la desarticulación actual entre las entidades involucradas.
Murillo ha dicho, además, que por cada peso asignado al presupuesto del sistema ambiental, otros sectores como infraestructura tienen 13 pesos. Y esos problemas de financiación impiden la reestructuración del Sina, consecuencia principal que explica, según Murillo, que todas las tareas y proyectos en materia ambiental en el país desborden, de lejos, la capacidad de respuesta institucional.
Por ello, aunque muchos en el sector siguen creyendo pertinentes los mecanismos jurídicos que surgen desde la sociedad civil y que han tenido eco en las altas Cortes y tribunales, ve difícil su cabal cumplimiento hasta tanto no se materalice el cambio estructural necesario.
El Ministerio que encabeza actualmente Ricardo Lozano, reconoce estas dificultades para avanzar en la ejecución de estrategias que cumplan con las órdenes emitidas.
Por ejemplo, en el caso de la sentencia del Atrato, la cartera identifica como cuellos de botella la articulación presupuestal con las autoridades territoriales como municipios, gobernaciones y CAR. Es decir, las autoridades locales necesitan poner a disposición recursos para cumplir con su parte dentro de las líneas de acción que trazó el Ministerio, y esto no siempre es fácil.
Otros desafíos que reconoce Minambiente, en respuesta a este medio, es “ajustar los plazos otorgados para el cumplimiento con la participación suficiente, efectiva, incluyente y democrática de los procesos de concertación que ello conlleva”. También expresa que la difícil la geografía colombiana frene los procesos de cumplimiento.
Todos los factores anteriormente mencionados hacen que, en la práctica, los avances para garantizar los derechos de los territorios sean lentos. Van cuatro años desde la sentencia del Atrato y los principales avances están relacionados con procesos de capacitación y participación comunitaria.
De todos modos este es un recurso que, parece, se mantendrá vigente en el país.
Incluso hace un año fue radicado un proyecto de ley del representante Juan Carlos Losada que busca que se declare a toda la naturaleza colombiana como sujeto de derecho. Dijo Losada que con esto se pretende que para el Estado no quede otra vía que entender que es una entidad viviente y, como tal, hay que hacer todo lo posible para asegurar su existencia.
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niños y niñas, acompañados por Dejusticia, lograron el histórico fallo de la Amazonia.
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