Cemex aclaró ayer en un comunicado a la Superintendencia Financiera de Colombia que el Departamento de Justicia de EE. UU. los requirió para explicar sus operaciones en Colombia y otros países.
La compañía manifestó que no está en posibilidades de predecir la duración ni resultados de la investigación, si incurrió o no en violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas, derivadas del pago de 40.000 millones de pesos a terceros por el lote a donde construyó su planta en el municipio de Maceo (Antioquia) y que valió 420 millones de dólares, pero no ha entrado en operación.
Según la Fiscalía de Colombia, cuando los ejecutivos de la multinacional negociaron el terreno para construir la planta, el predio estaba dentro de un proceso de extinción de dominio que se adelantaba en contra de José Alejandro Moncada, presunto cerebro del desfalco a la Dian por recobros, provenientes de exportaciones falsas de chatarra, según informó este diario el 8 de septiembre de 2017.
La compañía divulgó el 23 de septiembre de 2016 que los funcionarios implicados en dichos pagos irregulares fueron despedidos y que el director general de Cemex de la época renunció por tal motivo.
Las primeras investigaciones por este caso de corrupción se remontan a diciembre de 2016, cuando la Comisión de Valores de EE. UU. requirió a la compañía, aunque la propia cementera dice que ha cooperado con la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. y la Fiscalía General de Colombia y tiene la intención de seguir respondiendo a las autoridades. Sí reconoce que cualquier sanción generará un impacto adverso en los resultados financieros de la empresa .
