En la medición de 2019 Colombia estaba en la tercera casilla, pero si se compara con la edición de 2023 hubo un descenso al séptimo lugar.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, Ocde, presentó una actualización de su índice de gobierno digital, una medición que ven clave en el bloque para transformar los procesos y servicios gubernamentales de forma que mejore la capacidad de respuesta y la fiabilidad del sector público.
El organismo internacional evaluó seis categorías: diseño digital; datos abiertos; el Gobierno como plataforma; sistema abierto por defecto; participación del usuario, y proactividad.
La evaluación para todos los afiliados del bloque incluyó a Colombia con un deterioro en la posición que tenía hace unos años. Si se compara el Digital Government Index de 2019, el país estaba en la tercera casilla, mientras que ahora bajó hasta el puesto siete en cuanto al resultado de 2023.
Aún así, sin entrar al detalle del caso local, destacan que Colombia sigue en el top 10 y “estos países demuestran un enfoque integral para garantizar unas bases sólidas para el gobierno digital con un rendimiento equilibrado en las seis dimensiones del Índice”.
La Ocde encontró que durante la pandemia del covid-19, este periodo también demostró ser crucial para la capacidad de los gobiernos de seguir operando en tiempos de crisis y prestar servicios oportunos a ciudadanos y empresas. “Sin embargo, para que la transformación digital sea sostenible a largo plazo, necesita unos cimientos sólidos, incluidos unos acuerdos de gobernanza adaptables, una infraestructura pública digital fiable y resistente, y un enfoque prospectivo para gobernar con tecnologías emergentes como la inteligencia artificial”.
Para expertos, el ranking de Gobierno Digital de la Ocde valora los esfuerzos y avances que solo algunos países han logrado desarrollar en los últimos años, con lo que para el caso de Colombia sería una muy buena noticia en la búsqueda de un sector público más eficiente y cercano a los ciudadanos.
“Esto también habla de cómo, pese a que los ciudadanos podemos tener problemas al momento de entablar una relación digital con el Estado, hay soluciones aún mejor que en otros países potencia, eso mismo ha permitido que por ejemplo haya claridad de las finanzas públicas o las hojas de vida de los trabajadores del Gobierno y el Estado” agregó Sergio Gardeazabal, analista jurídico.
