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¿Colombia sin fracking renuncia a $324 billones?
Su prohibición evitaría que el país explote petróleo que de otro modo sería imposible. Sigue el debate sobre los daños al ambiente.
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Para el nuevo gobierno de Gustavo Petro el país tendrá que cerrarle la puerta al fracking y al glifosato. Foto: AFP
La discusión alrededor del fracking no ha sido nueva en Colombia. Sin embargo, en los últimos días ha tomado fuerza debido a las declaraciones de la nueva ministra de Ambiente, Susana Muhamad, quien ha recalcado que “Colombia no es un país petrolero” y que, en lugar de invertir millones en la búsqueda de yacimientos, se debe pensar en el cambio a las energías limpias.
En este sentido, la ministra ha dicho que prohibirá la práctica de exploración de fracking y otras técnicas de explotación no convencionales de hidrocarburos, iniciativa a la que el pasado 10 de agosto se sumó un grupo de congresistas, encabezado por la senadora María José Pizarro, con la radicación de un proyecto de ley que busca cerrar la entrada definitiva del fracking al país.
Este nuevo proyecto, que contó con el apoyo del Gobierno Nacional, a través de la ministra Mohamad, no solo prohíbe esta práctica, sino que veta el desarrollo de los Proyectos Piloto de Investigación Integral (PPII) de Platero y Kalé, e incluso busca congelar la licencia ambiental de este último, la cual fue aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla).
Cabe anotar que el pasado 25 de julio el representante a la Cámara, Juan Carlos Losada, ya había presentado una iniciativa que busca este mismo fin.
El impacto en la caja fiscal
Estudios que se hicieron durante el Gobierno del entonces presidente Iván Duque advirtieron que, desde el punto de vista de ingresos tributarios, el desarrollo de estos proyectos de explotación de Yacimientos No Convencionales (YNC) podrían representar una importante fuente de recursos con la que actualmente la Nación no cuenta.
De esta manera, de acuerdo con el informe, dichos proyectos le dejarían a las finanzas públicas alrededor de $324 billones en 30 años, lo que equivaldría al 30% del Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia.
Por otra parte, frente a las implicaciones de esta prohibición, Felipe Bayón, presidente de Ecopetrol, afirmó que “el fracking es una oportunidad, pero el país tendrá que decidir si se puede o no hacer”.
“Reconocemos desde Ecopetrol que el fracking ha sido un tema muy sensible para este gobierno, y lo entendemos. Durante las reuniones de empalme hubo una conversación constructiva sobre esto (...) Las decisiones sobre la posibilidad de hacer fracking o no están, de alguna manera, en cabeza del Gobierno Nacional, y eso nosotros lo respetaremos. ¿Qué necesitamos hacer? Que hacia adelante los colombianos puedan tener abastecimiento de crudo, para cargar las refinerías, y de gas. Hay que tener combustibles y energía eléctrica”, apuntó Bayón durante el Congreso de la Andi.
El debate continúa...
De nuevo, este es un asunto que sigue teniendo opiniones encontradas. Por un lado, para analistas como Juan Carlos Rodríguez, director del departamento de Energías de la Universidad de América, de no desarrollarse, por ejemplo, los pilotos Kalé y Platero, propiedad de Ecopetrol y ExxonMobil, el país podría perder la oportunidad de aumentar sus ingresos.
“Se perderían ingresos que entrarían por las exportaciones. Además, la dinámica económica en las regiones disminuiría, al igual que el empleo y, por ende, tendríamos que sacrificar recursos de otros sectores para la compra de hidrocarburos”, explicó Rodríguez.
Sin embargo, para la Alianza Colombia Libre de Fracking, la iniciativa que se radicó ante el Congreso “es una propuesta coherente con las exigencias de la ciudadanía para alejar los peligros de la explotación de los YNC y el fracking. Además, garantiza la continuidad de la explotación convencional de petróleo y gas, que es necesaria para una transición energética justa”.
Asimismo, advirtieron que “el proyecto no solo logra blindar los territorios de los peligros asociados al fracking, sino también los que podrían materializarse con la explotación de arenas bituminosas, que tienen el potencial de afectar ecosistemas de la cordillera oriental y de los llanos”.
