Pasados 85 días desde que empezaron a regir los aranceles a las confecciones provenientes de países con los que Colombia no tiene acuerdos comerciales vigentes, la sala plena de la Corte Constitucional tumbó los artículos 274 y 275 del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 que regulaban esas medidas.
Específicamente los artículos establecían que los importadores deberían pagar un impuesto de 37,9% a las confecciones que valieran menos de US$20 el kilo, así como cancelar el 10% ‘ad valorem’- es decir, dependiendo del valor del producto- más US$3 por kilogramo bruto de prendas.
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Esto, sin embargo, no incluía a los productos del capítulo 61 y 62 de aduanas, es decir, prendas y complementos de vestir.
La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) se había mostrado en contra de la aplicación de estos aranceles argumentando que el precio de las prendas aumentaría hasta un 25% y que el contrabando repuntaría.
No obstante, Guillermo Criado, presidente de la Cámara Colombiana de Confecciones y Afines, apoyaba la medida que consideraba necesaria para proteger a la industria nacional, pues según los fabricantes, durante los meses que rigieron los mencionados artículos, el sector mostró recuperación.
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Al conocerse la decisión de la Corte, varios actores políticos del país reaccionaron. Entre ellos, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo, quien a través de Twitter la calificó como una “pésima noticia para la industria del empleo del sector textil”, argumentando que “regresará la avalancha de prendas asiáticas a Colombia, agravándose el desempleo”.
