Pese a que salió firmado el decreto 1419, el seis de agosto de 2019, en el que se reglamentan los aranceles para proteger a la industria confeccionista, por petición expresa del Plan Nacional de Desarrollo, el Gobierno sigue en su postura de que las medidas son anticonstitucionales.
Así lo confirmó a EL COLOMBIANO el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, quien recordó que cuando apenas se debatía el proyecto de ley públicamente la cartera se opuso a que se tomaran estas medidas como camino para proteger la industria.
Las razones eran principalmente dos: que el Congreso de la República no es la corporación para tomar medidas arancelarias y, la segunda, que esto no guardaba coherencia con el Plan de Desarrollo.
Los aspectos claves de la reglamentación tienen que ver con el establecimiento de un arancel a la importación de 37,9 % cuando el precio FOB declarado fuera inferior o igual a 20 dólares por kilogramo bruto; y de 10 % al valor más 3 dólares por kilogramo bruto cuando el valor FOB fuera superior a 20 dólares. Se espera que la implementación tome tres meses para tener vigencia entre finales de octubre y noviembre.
“Que hayamos expedido el decreto no significa que hayamos dejado de pensar que es anticonstitucional (...) fruto de eso es que el Ministerio de Hacienda presentó la demanda sobre estos artículos ante la Corte Constitucional”, afirmó Restrepo.
Esta medida se suma a otras presentadas por la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco) y la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), de las que todavía no hay respuesta.
Justamente ayer el presidente panameño Laurentino Cortizo rechazó las medidas y amenazó con generar mecanismos de retaliación, pues esto afecta el comercio con este país.
Sobre esto Restrepo aclaró que Panamá es muy relevante para Colombia y que precisamente en el decreto se aclara que esto no aplica para los territorios con los que se tienen acuerdos comerciales.
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