Para promover la financiación del deporte y la recreación fue sancionada la Ley 2023 de 2020 que busca el inicio del recaudo de una tasa no mayor del 2,5 % para todos los contratos que personas naturales y jurídicas tengan con entes territoriales.
Este valor tendrá una destinación específica para programas de apoyo para la educación física y la recreación para la población en general, la búsqueda de talentos de alto rendimiento, iniciativas para atletas de alta competición, elementos de formación deportiva, mantenimiento y construcción de infraestructura para este fin, así como la participación de deportistas en escenarios nacionales e internacionales y programas para incentivar la salud preventiva.
Diego Cárdenas, subdirector administrativo y financiero del Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder), aseguró que “con una tasa por medio la cual se canalizan recursos nuevos y líquidos podríamos hacer más inversiones, en materia social (...) con mayor cobertura y calidad”.
En el cuatrienio, el presupuesto del Inder es de 414.826 millones de pesos. Específicamente destinados a inversión social, en 2020, la perspectiva es de 80.743 millones de pesos; aunque, explica Cárdenas, el presupuesto es uno al inicio y otro al final (por transferencias adiciones y demás), hay que ser “conscientes del año que estamos viviendo, tan exótico, que es difícil saber qué va a pasar, si el Inder va a contar con las transferencias ordinarias o extraordinarias (EPM) acostumbradas”. Así que, sostiene que, ya que se aprobó la Ley es fundamental que se reglamente lo más pronto posible para contar con estos nuevos recursos (ver Informe).
¿Cómo funciona?
La base del impuesto es “el valor total de la cuenta determinada en el comprobante de egreso que se autorice (...) o el valor de su contrato”, sostiene la norma.
La tasa y su recaudo debe ser reglamentada por Asambleas y Concejos y los recursos serán administrados por el ente territorial. En la reglamentación se debe incluir el destino de una parte, que no supere el 20 %, para refrigerio, transporte, de niños y jóvenes en condición de vulnerabilidad miembros de escuelas y clubes deportivos.
La concejala del Centro Democrático, Lina García Gañán, perteneciente a la comisión segunda de presupuesto y asuntos fiscales, celebró esta norma, con la expectativa de que pueda tramitarse lo más pronto posible y a más tardar en las sesiones de octubre.
El hecho de que se pueda destinar parte de esto para el mantenimiento y conformación de “escenarios deportivos modernos, mejores y ajustados a las nuevas prácticas” es importante en la medida en que “las metas del Plan de Desarrollo en este sentido se redujeron en parte por los nuevos balances que había que hacer para gestionar la actual crisis sanitaria, esta tasa pueda ser la oportunidad para compensar esa situación”, agregó la concejal.
Para dar una magnitud, en Medellín —sin considerar la ejecución de sus entidades descentralizadas que tienen autonomía administrativa— entre enero y al 15 de julio de 2020 “hay recursos apropiados por rededor de 1,25 billones pesos en contratación a través de todas las modalidades de selección con personas naturales y jurídicas”, aseguró Karen Bibiana Delgado, secretaria de Suministros y Servicios; así, si ya se aplicara la tasa máxima, 31.242 millones de pesos deberían ser destinados para este fin por un poco más de seis meses.
La pertinencia de la tasa
Para expertos tributaristas como Julio Cesar Leal, es grave esta nueva tasa debido a que es un impuesto que no consulta “la capacidad del contribuyente, uno debiera pagar sobre las utilidades no sobre los ingresos, es hasta inconstitucional”. Una vez reglamentada preocupa pues se presume “encarecerá los contratos públicos”, aseguró Leal.
Lo que significa que al final “el valor mayor será pagado por el Estado, y a su vez por los contribuyentes que somos quienes lo sufragamos con impuestos”, agregó Yenny Saldarriaga gerente de la empresa Mundial de Contadores, compañía especialista en gestión financiera y tributaria.
Por otra parte, Saldarriaga valoró que aplicar la norma “traerá consecuencias económicas y sociales, esta será una forma de impactar, incentivar y fortalecer este tipo de industria, el cuestionamiento es si aún estamos en medidas de confinamiento es necesario, por ejemplo la construcción en infraestructura deportiva, se convertiría esto en una política social o fiscal”.
2,5 %
es la tasa máxima a aplicar para generar recursos a recreación y deporte.
