Con 35 artículos y una exposición de motivos de 72 páginas el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, radicó ayer en el Congreso el proyecto Ley de Inversión Social, que busca contribuir a la reactivación económica, a la generación de empleo, a la estabilidad fiscal del país y, además, plantea una reforma tributaria.
La iniciativa, que lleva mensaje de urgencia, reemplaza la presentada a mediados de abril por el entonces jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la cual suscitó en parte las protestas que se prolongaron por más de un mes.
Vale anotar que esa propuesta “estructural”, de 150 artículos, apostó por recaudar 23,4 billones de pesos, pero a comienzos de mayo el presidente Iván Duque ordenó su retiro, provocando la renuncia de Carrasquilla y su equipo de trabajo.
La reforma 2.0, como se conoce la nueva propuesta, redujo a 15,2 billones de pesos la meta de recaudo, la cual está soportada en los mayores ingresos que tributará el sector empresarial.
“El proyecto busca apelar a la solidaridad del tejido empresarial mediante el desmonte del proceso de reducción de la tarifa general iniciado en el año gravable 2019, cuyo objetivo era mejorar la competitividad del sistema tributario”, se lee en la exposición de motivos (ver Dicen de...).
Esfuerzo privado
Enfatizando en que la propuesta no afectará el bolsillo de las personas naturales ni la tarifa del IVA, Restrepo precisó que la iniciativa radicada contempla mantener el descuento de ICA sobre el impuesto de renta en 50 %, medida con la que se disminuye significativamente la tarifa efectiva de tributación de las empresas, al compararse con 2018, y no se afectan los ingresos de las entidades territoriales.
Se propone también establecer una tarifa de renta para empresas de 35 %. En 2017, esta era de un 40 %, y en 2018 de 37 %, para empresas con utilidades de más de 800 millones de pesos.
El funcionario añadió que continuarán los beneficios de la Ley de Crecimiento, como aquellos de contratación de jóvenes, Economía Naranja, renta exenta de 0 % para el sector agroindustrial y las inversiones en hoteles y parques.
En particular, para las microempresas, continuará vigente el Régimen Simple de Tributación, que facilita y reduce el costo del proceso de cumplimiento de obligaciones tributarias para estos contribuyentes.
También se propuso una sobretasa al sector financiero de 3 puntos porcentuales hasta 2025. Adicionalmente, se establece una normalización tributaria como la principal herramienta para regularizar los capitales de los colombianos en el exterior.
En ese contexto, Julián Domínguez, presidente del Consejo Gremial Nacional (CGN), aseguró que el sector privado acoge y respalda el llamado del Gobierno para construir un mejor país, “así como el objetivo de desarrollo social que tiene el proyecto de ley de reforma tributaria”.
Según las cuentas del Gobierno, las personas jurídicas aportarán 6,7 billones de pesos por concepto de la tarifa general de renta del 35 % y 3,9 billones por el descuento de ICA del 50 %, es decir 10,6 billones de pesos por año (ver gráfico).
Desde la dirección de la Cámara de Comercio Colombo Americana, María Claudia Lacouture resaltó que “las empresas han demostrado que están buscando generar más acciones para el bien común y corresponde al Congreso hacer lo mismo con proyectos de ley que se ajusten a las necesidades del país y no a la búsqueda de votos o medidas populistas”.
Un parecido
Al igual que en la propuesta del exministro Carrasquilla que contempló una adición presupuestal de 11,7 billones de pesos, la nueva versión del proyecto incorporó, para sus aprobación, una adición por 10,48 billones.
“La severidad del choque económico ocasionado por la pandemia ha afectado, más allá de lo inicialmente previsto, la capacidad de financiamiento del presupuesto, por lo que resulta necesario sustituir en el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2021 ingresos corrientes por recursos de capital. Lo anterior, considerando el ajuste en las cifras de recaudo, pues los menores ingresos tributarios asociados a la actividad económica se compensan parcialmente con el mejor desempeño tributario asociado con el comportamiento del precio del petróleo en la actual vigencia”, justificó la cartera de Hacienda, en la exposición de motivos.
Ajuste del cinturón
Por otro lado, se incluyó un plan de austeridad, que generaría ahorros recurrentes de 1,9 billones de pesos entre 2022 y 2032, en promedio.
Con este plan se limita el crecimiento de la burocracia y se mantiene la capacidad adquisitiva de los trabajadores públicos. Adicionalmente, se restringen los cambios en la planta de personal, se congelan las vacantes y se limitan los gastos en bienes y servicios.
“Llegaremos a un 50 % del ahorro en gastos de viáticos, papelería, publicidad, vehículos y combustibles en un periodo de 10 años. No renovaremos telefonía celular ni planes de telefonía móvil, internet y datos”, comentó el ministro Restrepo.
A lo anterior, se sumará un control en costos de arrendamiento, promoviendo el teletrabajo y los eventos virtuales, se racionalizarán los esquemas de seguridad y se hará un control a los contratos de prestación de servicios, salvo aquellos que sean esenciales para el funcionamiento de las entidades.
La reactivación
Aún con la pandemia a cuestas, el proyecto radicado permite la posibilidad de regular el uso del comercio electrónico para la realización de hasta tres días sin IVA. De igual forma, establece una serie de beneficios para las entidades territoriales.
En esa línea, la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, resaltó cómo en el articulado del proyecto de Inversión Social se propone extender los beneficios tributarios que se establecieron en la Ley de Turismo (Ley 2068 de 2020), para apalancar la reactivación económica segura de esta industria en Colombia.
La suspensión temporal del pago de la sobretasa a la energía, la exención del IVA para los servicios de hotelería y la extensión del plazo para renovación del Registro Nacional de Turismo (RNT) hasta el 31 de diciembre de 2022 forman parte de las propuestas con las que Gobierno espera ayudar a esta actividad.
Freno a la evasión
Otro de los pilares del proyecto de ley radicado en el legislativo es el concerniente a la lucha contra la evasión de impuestos, plan con el que se pretende recaudar 2,7 billones de pesos anuales.
Las nuevas medidas en este sentido incluyen, entre otros, la expedición del Registro Único Tributario (RUT) y de declaraciones sugeridas del impuesto de renta a aquellas personas que no cumplen con sus obligaciones tributarias.
También plantea un sistema de información georreferenciada, con el objetivo de detectar el valor real de los inmuebles declarados.
En ese aspecto, el centro de pensamiento Fedesarrollo que lidera Luis Fernando Mejía, calculó que cada año se pierden recursos equivalentes al 5,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en evasión de impuestos (el proyecto de reforma espera reducir 0,2 %), por lo que sugirió implementar una serie de medidas más agresivas contra ese fenómeno (ver Opinión).
Información y transparencia, limitaciones en deducciones y transacciones, valoración de activos y fusiones, asesoría tributaria, mecanismos de control y sanciones y medidas para el personal de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) son los aspectos que según Fedesarrollo deben contemplarse para que la lucha contra la evasión tributaria en el país sea más contundente y ayude a mejorar las finanzas
$23,4
billones pretendía recaudar la reforma que se presentó a mediados de abril.
$10,4
monto de la adición presupuestal que busca
la nueva iniciativa.
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