Economía

Lo que piden los demás ministerios en la próxima reforma tributaria

Desde las diferentes carteras hay recomendaciones y quejas para que la reforma propenda por la equidad.

Al Gobierno se le acaba el plazo para presentar la reforma tributaria al Congreso. Entre quejas y recomendaciones, las visiones desde los ministerios serán claves para que dicho revolcón de impuestos promueva la equidad. FOTO Archivo

31 de mayo de 2016

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Desde evaluar los impuestos de bienes del día a día como cuadernos y teléfonos móviles, hasta recomponer las complejas tarifas del Estatuto Tributario para las empresas en el país. Ese gran paréntesis lo abren los ministros de cara a una inminente reforma tributaria que se presentaría, según el presidente Santos, en el segundo semestre del año.

Aunque el Ministerio de Hacienda ya tiene los insumos de la Comisión de Expertos Tributarios, del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), los jefes de las demás carteras del país tienen posiciones sobre lo que debe y no contener, en clave de los sectores que impulsan.

EL COLOMBIANO consultó a las carteras que han hecho públicas recomendaciones y quejas sobre el revolcón de impuestos que tendrá vigencia desde 2017. No obstante, con nuevos ministros en algunas carteras, también se inicia de cero la discusión.

Si bien la base de la propuesta de reforma es “equilibrar cargas tributarias entre personas naturales y empresas”, como ha repetido el ministro Mauricio Cárdenas, desde otras carteras hay propuestas diversas.

Para Ricardo Bonilla, participante de la Comisión de Expertos, “la discusión que debe dar el Gobierno en el Congreso es por el equilibrio, y en ese sentido se hicieron las recomendaciones. En pro de la inversión y la redistribución de las cargas tributarias”. Los comisionados sustentan sus propuestas con cifras que estiman el impacto de la reforma (ver gráficos).

Así las cosas, en este sondeo se aprecia a ministros que ven inviable y regresivo gravar productos de la canasta familiar y aumentar la tarifa de servicios de uso masivo. Y otros buscan la reducción de tarifas efectivas de tributación a algunos sectores y que se necesitan exenciones para ganar competitividad.

Con todo, hay rumores de que el proyecto de reforma solo se tramitará en el Congreso hasta octubre, luego de superado el plebiscito por la paz. Si esto es así, pasaría “a las carreras” por el Legislativo, limitando el debate nacional de lo que esperan diferentes sectores del país de una reforma que sí sea estructural.

Al agro no hay que tocarlo
El agro está llamado a ser uno de los promotores de equidad en un escenario de posconflicto y, un motor de la economía.

Con esa premisa, el ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, aseguró a este diario que desde hace varios meses se conformaron mesas con distintos sectores productivos del campo para discutir, caso por caso, la actualidad tributaria y presentar al ministro de Hacienda un plan de acción para el agro en su conjunto.

Mientras ese plan se conoce, la discusión tributaria en esta cartera no será fácil.

Por ejemplo, desde el sector avícola, el presidente de Fenavi, Andrés Valencia, asegura que, de aplicarse las recomendaciones de la Comisión de Expertos, toda la cadena productiva de su sector tendría un IVA de 10 % y ese costo lo pagaría el consumidor final y podría costarle al bolsillo de los colombianos $1,3 billones.

No hay que gravar los libros
En la propuesta de la Comisión de Expertos Tributarios se expone la necesidad de gravar los libros de texto y los cuadernos con una tarifa de Impuesto al Valor Agregado (IVA) del 5 %. Esa iniciativa poco le gustó a la ministra de Educación, Gina Parody, quien aseguró que, de ser aprobado ese punto, se motivaría la deserción escolar, pues muchos padres de familia se ven en aprietos para comprar cuadernos y libros de sus hijos, y con un impuesto adicional, esto sería aún más complejo.

La jefe de la cartera cree que al sector educativo hay que blindarlo, si se quiere cumplir con la meta del segundo mandato del presidente Santos, de que Colombia sea el país más educado de Latinoamérica.

La propuesta, como está consignada en el informe final de la Comisión, pide que los bienes que actualmente están exentos (entre los que están libros de texto y cuadernos), se graven con un 5 %. Según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el país 3,7 millones de familias compran anualmente cuadernos. Además, estos útiles escolares tuvieron en 2015 un aumento en el Índice de Precios al Consumidor de 4,83 %, mientras en 2014 era de 1,8 %.

En deuda con sector extractivo
Ante la salida de Tomás González del Ministerio de Minas y Energía, varios asuntos quedaron en el aire. Uno de ellos fue la deuda acumulada que tenía la cartera con las empresas del sector minero para apoyar su mejora en competitividad. González aseguró, antes de dejar el puesto, que se necesitaba un balance entre inversión y menos impuestos para sostener la producción. Claro está, sin atentar contra la estabilidad fiscal a mediano plazo.

Mientras González tenía claro ese horizonte para la inversión y la sostenibilidad del sector, el nuevo ministro de Minas, Germán Arce, indicó por medio de su equipo de trabajo que el jefe de la cartera no tiene respuesta para ese caso pues “hasta ahora está llegando y es un tema que maneja Hacienda, más que Minas y por lo tanto no hay posición oficial al respecto”.

Así las cosas, la pregunta es si volverá a empezar desde cero el diálogo con gremios como la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) y la Asociación Colombiana de Minería (ACM), que desde 2015 piden capítulo aparte para sus sectores ante la alta tasa efectiva de tributación.

Industria y comercio, a negociar
El estandarte de la próxima reforma tributaria estructural es que “será amigable con los empresarios”, según el presidente Juan Manuel Santos.

En ese sentido se plantea la reducción de la tarifa efectiva de tributación, que sería para todos los sectores de 30 % a 35 %.

Sin embargo, la exministra de Industria y Comercio, Cecilia Álvarez-Correa, desde 2015 y antes de conocerse el informe final de la Comisión, pedía al Gobierno que los empresarios hicieran parte activa de la creación del proyecto de ley y de la misma Comisión, algo que no pasó.

No obstante, desde el ministerio se aclaró que, María Claudia Lacouture, nueva jefe de la cartera desde hace poco menos de un mes no tiene, hasta ahora, un horizonte claro en ese tema.

Habrá que ver, qué sucederá con los descuentos tributarios existentes, como el de 1,75 % que tienen las empresas que innovan, o las exenciones logradas con el Plan de Impulso para la Productividad y el Empleo (Pipe 2) para el sector hotelero, en que se eliminó el impuesto de renta a quienes inicien proyectos en ese sector antes de 2017. Esto ante unas recomendaciones de cero exención.

La tributaria para salvar la salud
En su cruzada por conseguir más recursos para el Sistema de Salud, el ministro Alejandro Gaviria ha pedido, en repetidas oportunidades que se grave con una tarifa del 20 % las bebidas azucaradas no alcohólicas, como el caso de las gaseosas, con lo que recuadaría 1,89 billones de pesos. En la Comisión de Expertos Tributarios ese pedido no tuvo eco. Tampoco la propuesta de Gaviria de un aumento gradual de 0,25 % hasta 1,65 % en los aportes que hacen los trabajadores que ganen más de cuatro salarios mínimos. “El que gana 10 o 90 millones de pesos paga lo mismo por su salud, eso no es equitativo”, explicó Gaviria. Por esa vía, el sistema tendría 3,91 billones de pesos adicionales.

Según él, se necesitan $8 billones en los próximos 10 años para asegurar la sostenibilidad del Sistema. Pero la Comisión de Expertos sí escuchó al ministro en subir, al máximo posible, el impuesto al consumo de cigarrillos y tabacos y propusieron que suba en un 150 % en los próximos tres años.

Energías renovables necesitan ayudas
La cartera de Ambiente, con nuevo ministro a bordo, tiene el reto de enfrentar dos corrientes en materia tributaria. Por un lado deberá reglamentar e implementar el programa de incentivos tributarios para las empresas que desarrollen proyectos de inversión en energías no convencionales. Esto se hará por medio de alivios a gravámenes que aún no tienen tarifas asignadas ni reglamentación clara.

El ministro Luis Gilberto Murillo dijo a este diario que “las energías renovables serán impulsoras del desarrollo sostenible de Colombia, y conscientes de la necesidad de motivar a los diferentes sectores del país a que se embarquen en esta vía, pronto expediremos la resolución que motivará con beneficios tributarios estas inversiones”. Mientras esto pasa, una de las principales recomendaciones de la Comisión de Expertos fue desmontar todo tipo de exenciones que estén en el Estatuto Tributario. Así las cosas, solo hasta la presentación del proyecto de reforma se sabrá qué alivios se salvan y cuáles se quitan.

Menos impuestos a tecnología
La sostenida devaluación que enfrenta la moneda colombiana desde mediados de 2015 hizo que productos, como los tecnológicos se encarecieran.

Ante esto, el ministro de las TIC, David Luna, propuso que se estudie, dentro de la próxima reforma tributaria estructural el desmonte del IVA a los teléfonos móviles.

“Si bien en la actualidad la venta de teléfonos inteligentes representa un ingreso para la Nación por cuenta del Impuesto al Valor Agregado, una exención de este gravamen traería beneficios que van más allá del orden económico. Un mayor acceso a la tecnología de los colombianos se traduciría en mayor consumo de servicios de comunicaciones, que trae mayor acceso a educación, empleo y fortalecimiento de la industria TIC local”, explicó Luna en una carta enviada a la Comisión de Expertos. Pero no le hicieron caso. En el aumento del IVA propuesto, la recomendación es que el servicio de internet se grave con tarifa de 10 %, en estratos 1,2 y 3. En el caso de la telefonía celular, se propone subir el impuesto al consumo a 7 %, desde el 4 % fijado en 2012. Y productos de software se sugiere gravarlos con la tarifa general sugerida de 19 %.

Mediar por productividad
La ministra Clara López se abstuvo de emitir una opinión. Aseguró desconocer los pormenores de la reforma que se plantea el Gobierno. Sin embargo, su antecesor, Luis Eduardo Garzón, dio puntadas en la discusión de gravar al sector solidario, consideró que hay que reconocer la economía solidaria como un generador de oportunidades y equidad.

Así salió al paso a la idea de la Comisión de Expertos de gravar a las Entidades sin Ánimo de Lucro (Esal), entre las que están cooperativas, fondos de empleados y otros.

El posconflicto y sus costos
Con la firma de los acuerdos de paz, en La Habana, tanto el ministro de Hacienda como el presidente Santos insisten en que habrá un “bono económico”. Incluso Planeación Nacional estima que, por cuenta de estos acuerdos, el país tendría en los próximos 10 años una inversión que suma $38,8 billones.

Sin embargo, después de los acuerdos vendrán los gastos. Así lo reconoce el ministro para el Posconflicto, Rafael Pardo quien señaló en declaraciones radiales que, dentro de los planes del Gobierno está crear exenciones para las empresas privadas que inviertan en zonas alejadas y tradicionalmente afectadas por el conflicto armado.

La propuesta de la Comisión de Expertos Tributarios no cuenta con un capítulo para el posconflicto, pero en las recomendaciones de la Ocde (otro insumo para el proyecto de reforma) sí se considera.

En un informe presentado por esta clud de países, en enero pasado, se explica que Colombia necesitará 1 % de su Producto Interno Bruto anual (unos $7 billones), hasta 2018, para financiar políticas sociales e infraestructura de transporte, para ganar competitividad después de años de conflicto.