En el lenguaje del ciudadano común y corriente se trata de alianzas de “cuello blanco”. En el sofisticado mundo del Derecho se habla de “prácticas restrictivas de la competencia”. Pero es lo mismo: hombres de empresa que se ponen de acuerdo para manipular precios de los bienes y servicios que prestan y para repartirse el mercado a conveniencia. Desde 2012, a los sorprendidos en esas maniobras las autoridades les han impuesto multas que superan el billón de pesos.
El valor preciso de las sanciones es 1.099.703.389.930 pesos. Para que sea más fácil de leer, nótese que con ese dinero se puede construir un municipio entero, pues alcanza para edificar 10.997 viviendas de 100 millones de pesos cada una.
Esa es la cifra oficial de las multas impuestas por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) desde enero de 2012 hasta septiembre de 2017 y fue reportada a este diario por Jorge Enrique Sánchez Medina, superintendente Delegado para la Protección de la Competencia (de la SIC).
Una de las cosas que más le sorprende al abogado y máster en leyes, es que “ejecutivos de empresas prestigiosas, con reputación y educados en universidades como Harvard, terminen actuando cual delincuentes. Se mandan correos, hablan en clave, usan alias y emails de fachada. Es triste que eso pase con gente privilegiada”.
Para Sánchez Medina existe un agravante: los sancionados tenían plena conciencia de que estaban obrando mal y hubo casos en los que pasaron hasta 15 años esforzándose por ocultar su delito.
Uno de los expedientes más mediático fue el de los pañales desechables, que golpeó con mayor rudeza los bolsillos de las familias humildes. La sanción quedó en firme en 2016 y ascendió a 208.000 millones de pesos contra las personas naturales y jurídicas involucradas. Según la SIC, esa manipulación de los precios de los pañales, durante más de diez años (2001-2012), afectó a dos millones de hogares con niños menores de 2 años.
El 2016 fue, curiosamente, el año en el que se concentró el mayor valor de las multas impuestas por la SIC, con 458.508 millones de pesos, equivalentes al 42 % del total.
¿Multas irrisorias?
Tristemente célebres también han sido los carteles del azúcar, de los cuadernos y hasta del papel higiénico. En este último caso, El Espectador, con base en documentos de la SIC, reveló testimonios claves, como el de un ejecutivo delator de una multinacional:
“Desde el año 2000 empezamos nosotros a tener reuniones frecuentes con la competencia. Frecuentes es que las hacíamos una o dos veces al año y establecíamos un alza de precios que iba para el año siguiente como tal. Esas reuniones se efectuaban normalmente a finales de año, ahí fijábamos un porcentaje de alza en términos generales”.
A los responsables se les sancionó con 185.417 millones, una suma que en su momento sirvió para agitar el debate sobre “lo barato” que la sacan quienes violan los principios de la libre competencia.
Esa discusión sigue viva. Para Jorge Enrique Sánchez Medina lo que está mal es el tope nominal de las multas, que es de 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. En plata blanca son 75.000 millones de pesos, que para algunos agentes económicos, como la banca, por citar un solo caso, puede no ser intimidatorio o disuasorio para que no se cartelicen.
Colombia, agregó el funcionario, es el único país que opera con un tope. Chile, México y otras naciones tienen un techo para las multas, pero es equivalente al 10 % de los ingresos operacionales del sancionado.
Mientras la legislación se actualiza, la SIC se cuida de que al imponer las sanciones, las mismas no terminen siendo confiscatorias o acaben con las empresas infractoras. A manera de ejemplo, Sánchez Medina indicó que, por ejemplo, si al cartel de la seguridad privada se le hubiera sancionado con el máximo permitido, de 75.000 millones, esas firmas se hubieran quebrado “y no se trata de eso. La idea es castigarlas, pero que sigan funcionando para que no se restrinja la oferta”.
Sánchez Medina es como un “fiscal” y entre sus temas está una presunta cartelización de cementeras, por acuerdos de precios entre 2010-2012. Antes de 2009 se hicieron no menos de tres pesquisas sobre este sector y todo terminó en una multa, que calificó de “ridícula”: 700 millones de pesos por empresa .
